Olga Mata, una venezolana de 72 años que suele publicar videos cómicos en TikTok para sus 161.000 seguidores, protagonizó uno a principios de abril donde interpretó a una cocinera que apodó a sus arepas según los perfiles de los principales líderes del chavismo. El chiste derivó en que la Fiscalía venezolana ordenara su detención por promoción e incitación al odio.
Vestida con delantal y un trapo que cubría su cabeza, como suelen usar las domésticas en cocinas de viviendas y sitios de comida en el país, Mata se grabó siguiendo la pista de un audio que ya circulaba en la red social.
Con él, promovió una arepa ficticia conocida como “la Tarek William Saab, rellena de huevo» haciendo alusión al fiscal general venezolano. En ciertos contextos en Venezuela se usa la palabra «huevo» para referirse al miembro reproductor masculino.
Enseguida, dijo que su menú incluía asimismo “la Hugo Chávez, rellena de mortadela”, como se identifica en el mundo delincuencial a quien está muerto.
Otra de sus ofertas era “la Diosdado Cabello”, como el vicepresidente del partido de gobierno, porque “está llena de perico”: así llaman los venezolanos tanto al huevo revuelto como a un tipo de droga. El chiste hizo referencia a las acusaciones por narcotráfico contra el segundo hombre fuerte del chavismo por parte de las autoridades penales del gobierno de Estados Unidos.
Mata prosiguió a ofrecer “la Iris Varela”, como la diputada y exresponsable gubernamental del sistema de cárceles, “que está hecha con Harina Pran”, haciendo un juego de palabras sobre la famosa marca nacional de harina de maíz y el nombre que se le da en Venezuela a los reos que lideran los penales.
Por último, ofreció otra arepa conocida como “la viuda, que es la Cilia Flores”, primera dama de Venezuela. Se escucha, entonces, una voz que le advierte fuera de cámara que la dirigente chavista no ha enviudado, a lo que contesta, en un chiste de mal gusto: “bueno, pero eso es lo que todos deseamos”.
El video se hizo viral no solo en Tik Tok, sino también en otras redes sociales, como Twitter y Facebook, así como en aplicaciones de mensajería telefónica. Y, finalmente, captó la atención y generó la acción de las autoridades judiciales.
La detención, la disculpa
El fiscal general Tarek William Saab anunció la semana antepasada órdenes de arresto por promoción e incitación al odio contra Mata y su hijo, Florencio Gil Mata. La acusación se fundamenta en la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, indicó Saab, uno de los mencionados por la tiktoker.
Y, el 18 de abril, la septuagenaria grabó otro video que no era cómico. Lo difundió el fiscal general en su cuenta de Twitter. “Estoy haciendo este video para dar mis disculpas públicamente a todos mis seguidores”, dijo Mata, quien mencionó “especialmente” a quienes ofendió en su publicación anterior.
Se refirió “en especial” al presidente Maduro por “haber insistido al marticidio (sic), o sea, a la muerte”, dijo equivocadamente, refiriéndose en realidad a su presunta incitación al magnicidio. “No fue mi intención, fue humor”, agregó.
Saab, exdiputado y exgobernador del partido de gobierno, precisó que Mata había sido imputada, pero se benefició de una “medida cautelar” a su favor. No hubo noticias oficiales sobre el destino judicial de su hijo, también apresado.
En un acto público, el presidente Maduro denunció la supuesta existencia de una campaña pagada para promover odio y división entre los venezolanos.
“Uno lo ve en TikTok, en Instagram, Facebook (…) detrás de la campaña de odio y de división está el deseo de llenar de violencia nuestro país otra vez, con algún tipo de guarimba, sabotaje”, manifestó el mandatario la semana pasada.
Acción desproporcionada
El artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal prohíbe el arresto de mayores de 70 años en Venezuela. En el caso de Mata, sin embargo, se concretó.
Las autoridades judiciales cercanas al chavismo actuaron con base en la Ley Constitucional Contra el Odio, Por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017 por la controvertida Asamblea Nacional Constituyente.
La Constitución venezolana no contempla que esa institución apruebe leyes, como lo hizo durante tres años, sino que es tarea exclusiva del Parlamento y del Presidente en casos excepcionales, solo tras previa autorización del poder legislativo, explica el abogado especialista en derecho penal Joel García.
“Es una acción desproporcionada”, dice sobre el procesamiento judicial contra Mata. “El humor no es dañino, no incita a cometer delitos, al racismo, al odio, a atacar minorías de la sociedad”, señalo en entrevista con la Voz de América.
La Ley Contra el Odio es “desproporcionada”, inconstitucional y es riesgosamente “amplia” en sus valoraciones de los presuntos delitos, según la abogada venezolana especializada en derecho procesal penal Magaly Vásquez.
En conversación con la VOA, la jurista y profesora universitaria recuerda que, para que un hecho sea punible en Venezuela, debe estar descrito de forma expresa, previamente, en una ley aprobada por la Asamblea Nacional.
Vásquez considera que el gobierno venezolano ha demostrado en el pasado que tiene “una piel sensible” a la parodia política y procura “silenciar” a quienes se atreven a producirla y difundirla en medios de comunicación o redes sociales.
“Se ha hecho lastimosamente frecuente” que el Estado venezolano impute a quienes se burlan de alguna manera del gobierno o de sus integrantes, indicó.
Subrayó que la instigación al odio ya estaba contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, con una pena máxima de seis años de cárcel.
La Ley Contra el Odio, utilizada con cierta frecuencia por el chavismo para procesar en tribunales a usuarios de redes sociales con mensajes satíricos o ataques a funcionarios públicos, como el Presidente, contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión.
“Ser condenado por ese delito de incitación al odio es peor que cometer un homicidio en Venezuela”, criticó García, por su parte.
El abogado asegura que hacer notas o videos públicos que incluyan sátiras y burlas contra dirigentes oficialistas “es un gran riesgo”. “Cualquier disidencia de tipo político pudiera hacer que usted sea un reo de persecución”.
El mismo Código Orgánico Procesal Penal da herramientas para combatir la presunta difamación o injuria contra individuos. “Es una ley que protege a los funcionarios públicos, cuando deberían estar abiertos al escrutinio y a la crítica en el ámbito de sus funciones”, lamentó García.
En Venezuela, la pena de cárcel por un homicidio simple es de 12 a 18 años, según el artículo 405 del Código Penal. Son frecuentes las sentencias promedio, es decir, de 15 años.