Para el Gobierno Legítimo de Venezuela ha sido una prioridad la recuperación, control y defensa de los activos de la Nación saqueados y puestos en riesgo por las acciones irresponsables de expropiación y endeudamiento de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En este sentido, el Gobierno Legítimo ha tenido que hacer frente a complejos y avanzados litigios internacionales que la dictadura nunca atendió y que hoy ponen en riesgo inminente a los activos de la Nación en el extranjero. Tal es el caso del proceso que se lleva a cabo en la Corte de Delaware, en el que la minera canadiense Crystallex habría demandado a la República por la pérdida que enfrentó en 2008, luego de que Hugo Chávez expropiara la mina de oro La Cristinas, que se le había concedido para su explotación desde el año 2002.
Sobre esto es importante recordar que el Gobierno de Estados Unidos ha sido un aliado clave en la protección de los activos de los venezolanos y que, gracias a las gestiones del Gobierno Legítimo, el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos (OFAC por sus siglas en inglés), mantiene una protección que prohíbe que ningún acreedor, incluyendo Crystallex, pueda embargar activos de PDVSA, lo que ratifica la protección de PDV Holding, Inc. y por ende de CITGO.
Si bien esa medida, lograda gracias a las gestiones del Gobierno Legítimo, protege hoy a CITGO, es fundamental tener presente que la filial petrolera y otros activos de la nación siguen en riesgo por culpa de las acciones irresponsables de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes –junto a sus cómplices– comprometieron los activos de la nación de manera inescrupulosa, sin importarles el bienestar de los venezolanos y el futuro del país.
Como Gobierno Legítimo queremos ratificar al pueblo de Venezuela nuestro compromiso con la defensa de CITGO y con cada uno de los activos de la nación, por lo que –respetando la independencia de poderes en EE. UU. y los mecanismos de justicia– ratificamos al pueblo de Venezuela que vamos a continuar explorando estrategias, y acciones legales y diplomáticas para seguir protegiendo a CITGO y todos los activos de la República, fundamentales para la reconstrucción una vez se conquiste el cese de la usurpación en Venezuela. Y esto lo seguiremos haciendo aún a pesar de la intensa persecución a la que son sometidos todos los miembros del Gobierno Legítimo, la Asamblea Nacional, y en este caso particular, la Procuraduría Especial y el equipo de abogados que defiende el interés nacional.