El Tribunal 4to de Control del estado Zulia dictó, la noche de este 14 enero, medida preventiva privativa de libertad contra 5 trabajadores humanitarios de la Organización No Gubernamental Azul Positivo, informó la Comisión para los Derechos Humanos en el estado Zulia (Codhez).
«Alertamos de la materialización de una agresión sin precedentes al espacio humanitario en Venezuela» manifestaron ante la decisión a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, y la Fiscalía 77, que solicitó la privación, está a cargo del fiscal titular José Gregorio Rondón y del fiscal auxiliar Reyner Ramírez Morales.
Manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, Asociación para delinquir y legitimación de capitales, son los cargos que se les imputa a los cinco miembros de la ONG, Azul Positivo, cuyo sitio de reclusión es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Maracaibo, capital de ese estado.
Los aprehendidos son: el director de la ONG, Johán León Reyes, junto a Yordi Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebús. Bermúdez necesita atención médica urgente debido a un Accidente Cerebro Vascular que sufrió hace poco más de una semana.
Codhez denunció la situación de sus colegas: «Estas calificaciones absurdas corresponden a la criminalización del programa de transferencias para alimentación llevadas a cabo por Azul Positivo, que buscaban beneficiar a las familias en situación de inseguridad alimentaria en San Francisco, estado Zulia», expresó a través de Twitter. «Lamentamos este precedente en la criminalización de la labor humanitaria en el país, que se verifica mientras millones de personas en Venezuela sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja #LiberenAzulPositivo», agregó.
La detención de los integrantes de Azul Positivo se traduce en riesgos para la vida de las personas con VIH que dependen de esta ONG, así como la desprotección a las familias en inseguridad alimentaria y las comunidades que se benefician de sus programas.
Por último, la comisión zuliana para los DD.HH, exhortó al sistema humanitario internacional instalado en Venezuela a pronunciarse ante el cierre de espacios para la «asistencia, protección y alivio del sufrimiento humanitario».