El abogado y director de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, planteó -este viernes- la necesidad de respetar los lapsos procesales en los casos de presos políticos militares, resaltando el importante retraso que han registrado varios de estos. Entre ellos destacó el del M/G Miguel Rodríguez Torres, quien tuvo tres años esperando por audiencia preliminar.
Reconociendo que han registrado algunos avances en la prosecución de varios procesos penales seguidos contra los uniformados, el defensor privado subrayó que aún existen casos que de manera injustificada y alarmante registran un grave retardo procesal “ilegal, inconstitucional y, por ende, violatorio de los derechos humanos”.
A juicio del jurista, todos los juicios iniciados contra estos castrenses están signados por el irrespeto a las garantías de ley desde el mismo momento de llevar al o los detenidos ante el juez de control cuando ha pasado el lapso mayor a 48 horas. “En lugar de ser liberados por esta violación de sus garantías, los presuntamente involucrados permanecen detenidos indefinidamente; amén de que también se consuma lo que ha denominado la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas como Desaparición Forzada Breve o de Corta Duración”, subrayó.
Mustiola, sobre este tema, dijo que el promedio de retardo procesal, según los registros de esta ONG, es de 225 días, es decir, más de siete meses, a pesar que el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) señala que, una vez presentada la acusación, la audiencia preliminar debe ser fijada en un lapso no mayor a 20 días.
Asimismo, precisó que el promedio de días de retardo procesal para el acto de apertura del juicio en los casos seguidos contra los oficiales es de 633 días, a pesar que el artículo 325 del COPP señala que, una vez llegado el expediente al tribunal de juicio, este debe iniciarse en un lapso no superior a 15 días.
“En el caso Operación Espada de Dios por ejemplo, se llevó a cabo la audiencia preliminar el 7/2/2019 y desde entonces los nueve militares presuntamente implicados llevan esperando más de 850 días por el inicio del juicio”, agregó.
El portavoz de la organización defensora de derechos humanos enfatizó que el inicio de juicios en casos seguidos contra militares perseguidos políticos, no puede ser sinónimo de olvidar o minimizar que en tales casos se han registrado y denunciado desde su génesis, violaciones a los derechos humanos contra los detenidos.