La nueva oleada de infecciones por COVID-19 y el avance de la variante delta, que predomina en casi todos los estados de EEUU, está afectando los planes del gobierno de Joe Biden de abrir la frontera y poner fin a la vigencia del Título 42 del Código de Estados Unidos, que permite la deportación acelerada de extranjeros por razones de seguridad sanitaria.
Gobiernos estatales y empresas se apresuran a cambiar de dirección luego que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaran una nueva recomendación federal para que se vuelva a imponer el uso de mascarillas en focos de contagio del virus, debido a un drástico aumento de casos y hospitalizaciones de coronavirus a nivel nacional, de acuerdo con un reporte de The Associated Press.
Por su parte, The Washington Post indicó que el freno también obedece a un aumento de las infecciones a lo largo de la frontera con México, donde desde diciembre del año pasado se registra una crisis con la llegada de miles de migrantes, principalmente centroamericanos.
“El gobierno ahora teme que se le culpe por el resurgimiento de una pandemia agravada por la afluencia fronteriza”, apuntó el periódico.
EEUU estudiaba poner fin a la aplicación del Título 42 del Código de Estados Unidos, una vieja política de 1944 que fue activada el año pasado como parte de las medidas para contener la propagación del coronavirus.
Sin embargo, ahora funcionarios indicaron al Post que debido al aumento de las infecciones por COVID-19 en México y a lo largo de la frontera sur, los planes de levantar la regla de salud pública han sido suspendidos.
En medio de la disputa por la prevalencia de la política migratoria en la frontera, el pasado lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la “reanudación de la deportación acelerada de determinadas unidades familiares” (Expedited Removal), que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 porque “no tienen una base bajo la ley para estar en Estados Unidos”.
De acuerdo con la explicación del DHS, el blanco de la medida son todos aquellos extranjeros que “intentan cruzar a Estados Unidos entre puertos de entrada o eludir la inspección en los puertos de entrada, la manera incorrecta de llegar y entrar al país».
«Estos actos son peligrosos y pueden tener consecuencias migratorias a largo plazo para las personas que intentan hacerlo”, advirtió el ministerio.
La deportación expedita “fue aprobada por el Congreso en 1997 durante el gobierno de Bill Clinton”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona). El reglamento, actualizado en 2001, señala que se aplica a los extranjeros inadmisibles “únicamente” bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).