Tras una infidelidad, la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo, supuestamente destinadas a la campaña presidencial de 2022, pero que en realidad utilizó para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla (norte).
Según el fiscal Burgos, Samuel Santander Lopesierra, quien pagó 18 años de cárcel por tráfico de drogas en Estados Unidos, dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (casi 102.000 dólares al cambio de hoy).
Alfonso «el turco» Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, le habría entregado la misma cantidad, según el fiscal.
LEA TAMBIÉN: IMPUTADOS | Nicolás Petro y Day Vásquez acusados por la fiscalía colombiana, ambos rechazaron los cargos
El proceso judicial contra Nicolás Petro inicia en vísperas de la celebración del primer año de su padre en el poder, que se cumple el 7 de agosto.
El sábado, tras la detención de su hijo en un megaoperativo policial, Gustavo Petro aseguró que garantizará la independencia de la justicia.
– «¿De dónde?» –
Según Burgos, Nicolás Petro recibió otras «altas sumas de dinero» de empresarios en Bogotá, aunque no detalló las cifras ni los nombres.
En cambio, sí desglosó otros movimientos del mayor de los seis hijos del presidente, elegido en 2020 como diputado del departamento del Atlántico.
El fiscal aseguró que los millones supuestamente destinados para la carrera a la presidencia de Gustavo Petro fueron utilizados para comprar una mansión de 1.600 millones de pesos (casi 408.000 dólares) en Barranquilla.
También señaló inconsistencias en sus declaraciones de renta y sus movimientos bancarios.
Por ejemplo, en 2022 recibió 251,4 millones (64.000 dólares) por su trabajo como diputado, pero supuestamente gastó 1.600 millones (unos 408.000 dólares).
«¿De dónde llega ese dinero a sus arcas?», cuestionó el fiscal.
Daysuris Vásquez tampoco aceptó los cargos por lavado de activos y violación de datos personales. Según la fiscalía hizo uso de interceptaciones ilegales para descubrir la infidelidad de su expareja.
La pena por blanqueo de capitales y el enriquecimiento ilícito es de unos 12 años de prisión, según Burgos.