Ante lo que parece una inminente flexibilización de las sanciones internacionales se realizó el foro “Venezuela se pregunta: ¿Hay que levantar las sanciones?”, organizado por La Gran Aldea, donde panelistas de altísimo nivel debatieron sobre el tema para coincidir en la necesidad de crear mecanismos de control para los flujos de recursos que se puedan generar tras una decisión de este tipo, con el fin de garantizar que los beneficios lleguen a la población venezolana.
El foro, que es parte de la iniciativa Voz y Pensamiento LGA, impulsada por este portal informativo, contó con el periodista Alonso Moleiro como moderador, y como panelistas con Marianella Herrera, Médico, PhD, Profesora Asociado & Investigadora CENDES, integrante del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa; y Directora del Observatorio Venezolano de la Salud; el ingeniero Luis Pacheco, expresidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA, miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice; Francisco Rodríguez, economista, PhD (Harvard, 1998), fundador y director de Oil for Venezuela, Fellow en Economía Internacional, council on Foreign Relations, exasesor de la Asamblea Nacional; y el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, exprocurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, profesor de Derecho Administrativo/Constitucional en la UCV y UCAB, miembro visitante del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard.
Marianella Herrera compartió los principales hallazgos de una investigación en desarrollo que intenta determinar de manera científica el impacto de las sanciones económicas en el bienestar de la gente. Para ello ha recabado la literatura arbitrada disponible a nivel global en dos momentos específicos de la historia moderna: antes de 1960 y en el período 2017-2022. Concluye, tras revisar y analizar un total de 45 artículos arbitrados que recogen experiencias de países como Siria, Afganistán, Sudán del Sur y Chad entre otros, que si bien las sanciones no persiguen afectar negativamente la salud o el bienestar de la población, puede haber consecuencias directas o indirectas que deben ser consideradas. “La mayoría de los artículos concluye que hay un empeoramiento en aspectos de salud, seguridad alimentaria, hambre y sistemas de salud”. Llamó a la sociedad a discutir abiertamente para que llegado el momento de una flexibilización “haya mecanismos transparentes para que lo que pueda venir de beneficio llegue a la gente, estableciendo contraloría social”.
Luis Pacheco, por su parte, enfatizó que el deterioro de la industria y la producción petrolera venezolana no pueden atribuirse a la imposición de sanciones internacionales, pues, a su juicio, “la mayor sanción contra la industria petrolera y por tanto económica ha sido la política petrolera del régimen de Chávez y de Maduro”. Una política basada en cambio del marco legal, expropiaciones de compañías nacionales y extranjeras y desinversión que inició entre 2003 y 2004, y cuyos efectos quedaron en evidencia a partir de 2013.
A su juicio, si mañana se flexibilizaran las sanciones, el impacto sería muy pequeño. Dijo que si todo este proceso, aún incipiente porque la licencia todavía no ha sido emitida, avanza sin tropiezos “podríamos hablar de 200 mil barriles diarios adicionales en año y medio que es poco en comparación con el potencial de Venezuela, pero es técnicamente posible”.
Francisco Rodríguez consideró conservadores los pronósticos de Pacheco sobre los niveles de producción que podrían alcanzarse si se concreta una flexibilización, pero afirmó que aún en ese escenario, con el barril de petróleo en 90 dólares, el gobierno de Nicolás Maduro recibiría 7 millardos de dólares adicionales solo por petróleo. Y comparó esa cifra con los 8 millardos de dólares que reportaron las exportaciones venezolanas en 2021. Además, coincidió con Herrera al señalar que en todo caso, lo más recomendable en un marco de flexibilización de sanciones sería que esta se “dé dentro de un marco normativo y regulatorio de supervisión en el ingreso y uso de los recursos para asegurar que sean utilizados para atender la crisis social”.
Para José Ignacio Hernández si bien las sanciones no pueden ser perpetuas y eventualmente serán levantadas o flexibilizadas, es necesario preguntarse cuáles son las condiciones para que la OFAC dicte determinadas licencias. Instó a los panelistas a considerar que el problema de fondo de la economía venezolana es institucional y estructural y, por tanto, la sola flexibilización de las sanciones no va a generar de inmediato una recuperación de la industria petrolera y en consecuencia de los ingresos. “Las sanciones no son las restricciones más vinculantes al crecimiento de la economía. Las restricciones más vinculantes son la destrucción de los mecanismos del mercado, el déficit de divisas por el colapso de la producción, y que Venezuela es un Estado fallido con instituciones cooptadas por una autocracia”, sentenció. Coincidió también con sus predecesores en la idea de que cualquier iniciativa para emitir licencias y flexibilizar algunas restricciones debe tener en cuenta que las iniciativas de reactivación de la economía van a chocar con esos tres elementos.
Nota de prensa