El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes 3 de junio que cuatro militares —tres de ellos identificados como presos políticos— permanecen totalmente incomunicados desde el pasado 20 de abril en las instalaciones del Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, conocido como Fuerte Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda.
Los militares afectados son el Sargento Segundo Andrés Alfonso Paredes Soler, el Sargento Mayor de Tercera Giomer Martínez Natera y el Primer Teniente Jefferson García Dos Ramos, además de un cuarto detenido por causa común, según reportaron sus familiares al OVP.
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De acuerdo con el informe, los reclusos fueron trasladados al Fuerte Guaicaipuro en febrero de 2025 como medida de castigo, luego de que denunciaron públicamente una requisa violenta ocurrida en diciembre de 2024 en la cárcel de Ramo Verde. Hasta el 20 de abril mantuvieron contacto con sus familias, pero desde entonces no se les ha permitido recibir visitas ni paquetería.
A finales de mayo, nueve de los trece militares trasladados fueron devueltos a Ramo Verde por orden del General de División Luis Ojeda, director del Servicio Penitenciario Militar de la FANB. Sin embargo, cuatro permanecen en Charallave, presuntamente por falta de transporte, y desde entonces sus condiciones son desconocidas.
«Escuchen el clamor de una madre desesperada. Ya tengo más de un mes sin saber nada de mi hijo», expresó Zaira Natera, madre del Sargento Mayor Giomer Martínez, en un video, según explica el OVP. Por su parte, Ángel Soler, tío del Sargento Segundo Paredes, exigió fe de vida de su sobrino ante la falta de respuestas de las autoridades.
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El centro de reclusión está actualmente bajo el control del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMA), una estructura conformada por funcionarios encapuchados de la DGCIM, que operan al margen de la ley y sin supervisión institucional. Este mecanismo ha sido señalado por familiares como un sistema paralelo donde reinan la opacidad, el aislamiento, la falta de atención médica y la tortura.
Ante estos hechos, el OVP exige que el Ministerio de Servicios Penitenciarios asuma de forma efectiva el control de Fuerte Guaicaipuro y restituya el contacto entre los reclusos y sus familias. Asimismo, solicita la verificación urgente de la integridad física de los detenidos y el cumplimiento del traslado a Ramo Verde, prometida por las autoridades a sus allegados.