El primer gran informe sobre los abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia católica, impulsado por el Parlamento, se divulgará este viernes en España, donde por años las víctimas han reclamado reparaciones y acusado de opacidad a la institución religiosa.
A diferencia de lo ocurrido en Francia, Alemania, Irlanda, EE.UU. o Australia, en España, país de arraigada tradición católica, nunca se habían publicado los resultados de una investigación sobre la pederastia en el clero.
La constitución de la comisión independiente, dirigida por el Defensor del Pueblo («ombudsman»), fue aprobada en marzo de 2022 por los diputados en el Congreso, quienes dijeron querer «sacar a la luz» las «execrables conductas personales cometidas contra niños y niñas indefensos» en el seno de la Iglesia.
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El informe final de la comisión, que se puso como objetivos determinar «responsabilidades», ofrecer «reparación» a los afectados y prevenir nuevos casos, será entregado al Congreso este viernes por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
La Iglesia católica, que por años se negó en redondo a cualquier pesquisa exhaustiva, declinó participar en la comisión, aunque posteriormente sí facilitó documentos sobre casos de pederastia recabados por las diócesis.
A medida que aumentaba sobre ella la presión política, la Iglesia anunció en febrero de 2022 una auditoría sobre los casos y se la encargó a un despacho de abogados, que tiene previsto finalizarla antes de que termine el año.
En junio pasado, la Iglesia, que se defiende diciendo que ha implementado protocolos de actuación ante abusos y ha instalado oficinas «de protección de menores» en las diócesis, reconoció haber tomado testimonio a 927 víctimas.
Ante los escasos datos oficiales, el diario El País puso en marcha en 2018 una base de datos, que ha contabilizado 2.206 víctimas y 1.036 abusadores desde el año 1927.
Como comparativa, una comisión independiente en Francia contabilizó 216.000 menores víctimas desde 1950, en Alemania un estudio halló 3.677 casos entre 1946 y 2014 y en Irlanda más de 14.500 personas recibieron compensación financiera a través de un dispositivo establecido por el gobierno.
AFP