El Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela ha emitido un contundente pronunciamiento sobre la reciente proclamación del dictador Nicolás Maduro como presidente por parte de la justicia chavista. En una conferencia de prensa celebrada este viernes en la sede del Interamerican Institute for Democracy (IDD) en Miami, el tribunal ha declarado como “írrito” el fallo del Tribunal Supremo de Justicia chavista que convalidó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El comunicado oficial, emitido por los organizadores del evento, aclara que la declaración de nulidad se fundamenta en el rechazo a la legitimidad del proceso electoral y a la autoridad del CNE bajo el actual régimen. La conferencia ha contado con la intervención de figuras clave del tribunal y de la oposición.
El doctor Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, abrió la sesión con un resumen de la gestión del tribunal durante el período 2023-2024, destacando las acciones y decisiones tomadas para defender la legalidad y la justicia en Venezuela. Marval subrayó el compromiso del tribunal con la restitución de la democracia en el país.
Posteriormente, el doctor Domingo Salgado, segundo vicepresidente del Tribunal, procedió a leer el pronunciamiento formal. Salgado explicó detalladamente las razones detrás de la declaración de nulidad, enfocándose en las irregularidades y el cuestionamiento a la legitimidad del CNE y el sistema judicial chavista.
Además, la conferencia incluyó una intervención destacada del doctor Tomás Jorge Farini Duggan, quien ha presentado una querella contra Nicolás Maduro en Argentina por delitos de lesa humanidad en el contexto de la jurisdicción universal. Farini Duggan abordó los aspectos legales internacionales de la situación y su impacto en la justicia global.
El evento concluyó con una sesión de preguntas y respuestas, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar en los temas tratados y obtener clarificaciones sobre el futuro del sistema judicial venezolano y las implicaciones internacionales de la declaración del tribunal.
Este pronunciamiento subraya la creciente tensión entre el régimen chavista y las instituciones opositoras, mientras Venezuela continúa lidiando con una crisis política y judicial que ha captado la atención de la comunidad internacional.