La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó su preocupación por las recientes embestidas de la dictadura venezolana contra oenegés, activistas por los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación.
El pronunciamiento, conocido este jueves, se produjo luego de que cuerpos de seguridad controlados por Nicolás Maduro detuviesen a seis personas de la ONG Azul Positivo. Esa organización, con sede en el occidental estado Zulia, trabaja, junto a las comunidades, para paliar la crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela y que golpea a esos sectores.
“Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal”, expresó el despacho que es dirigido por la ex presidenta chilena y alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
En su comunicado, la ACNUDH también puso el resaltador sobre el ataque del régimen contra el medio digital VPItv, contra los diarios “Tal Cual” y “Panorama”, y contra una emisora que pertenece al movimiento Fe y Alegría.
La Oficina de la Alta Comisionada destacó que las agresiones, que ocurren de forma recurrente, implican sanciones administrativas, cierre temporal o permanente de sedes operativas, intimidación al personal e, incluso, incautación de quipos sin alguna justificación aparente.
“Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando cada vez más a sí mismos por miedo”, señala la nota publicada por la agencia.
La oficina de la Alta Comisionada de la ONU también ve con gravedad las declaraciones de funcionarios que forman parte de la tiranía que, a menudo, “exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”.
Un ejemplo reciente de lo señalado por la ACNUDH es la amenaza de Diosdado Cabello Rondón, actual diputado de la Asamblea Nacional madurista, contra Rafael Uzcátegui, presidente del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Durante la última edición de su programa televisivo, Cabello exigió que se investigue al activista, quien denunció al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de recibir dinero de parte de la Fundación Westminster para la Democracia, una dependencia del Gobierno británico.