Este jueves, Amnistía Internacional (AI) instó al gobierno de Argentina a «reaccionar de modo contundente ante las graves violaciones de derechos humanos y el contexto de emergencia humanitaria en Venezuela».
La petición se da luego de que el presidente Alberto Fernández asegurara en la Cumbre del Mercosur, esta semana, que la diáspora venezolana fue provocada por las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro. AI rechazó esta postura.
«Las declaraciones del presidente Alberto Fernández en la reciente Cumbre del Mercosur no hacen más que desconocer la responsabilidad del gobierno de Venezuela en la crisis de los exiliados desde ese país hacia distintas partes del mundo en los últimos años», expuso la organización internacional.
Asimismo, destacó que desde hace años se han documentado y denunciando la crisis y las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, algo que el presidente Fernández ahora parece desconocer.
«Entre ellas se encuentran las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza. Esta situación se registra en un contexto de emergencia humanitaria compleja y de falta de acceso a derechos económicos y sociales para la gran mayoría de la población, lo cual ha redundado en que al menos 6 millones de personas hayan huido del país, según datos de la ACNUR«, enfatizó.
Amnistía recordó, además, que recientemente se ha registrado el crecimiento de las detenciones arbitrarias por motivos políticos y de las amenazas sostenidas a la sociedad civil en el país.
«Las detenciones arbitrarias son parte de la política de represión del gobierno como forma de sofocar a la disidencia y disciplinar a la población. Sin ir más lejos, el preso de conciencia Javier Tarazona permanece detenido desde el 2 de julio de 2021. Sigue necesitando atención médica urgente, al igual que otras personas detenidas arbitrariamente como Emirlendris Benítez y Guillermo Zárraga. Asimismo, el 11 de junio los sindicalistas de SIDOR (Siderúrgica del Orinoco) Leandro Azócar y Daniel Romero fueron detenidos arbitrariamente, desconociéndose su paradero durante ocho días. Cinco días después, al menos siete miembros del pueblo indígena Yukpa también fueron sometidos a detención arbitraria y luego liberados condicionalmente», denunciaron.
Con información de Monitoreamos.com