La fiscalía de Perú allanó este viernes las oficinas del Palacio de Gobierno en Lima, en el marco de una investigación por presunta corrupción en contratos de la petrolera estatal Petroperú, y por la que ya hay una pesquisa preliminar contra el presidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público anunció en Twitter que la «Fiscalía ejecuta el allanamiento y registro domiciliario con fines de incautación en Palacio de Gobierno y otros 14 inmuebles vinculados a la investigación por el presunto direccionamiento en la adquisición de Biodiésel B100 –a cargo de Petroperú– en favor de la empresa HPO S.A», iniciales de la peruana Heaven Petroleum Operators.
El operativo incluyó el allanamiento simultáneo de viviendas de funcionarios de Petroperú, que según la Fiscalía «se habrían coludido y/o interesado indebidamente» con el fin de favorecer a la empresa HPO con la adjudicación del contrato de compra del combustible.
La hipótesis fiscal sostiene que la irregularidad se habría dado a través de acuerdos gestados «el 18 de octubre de 2021 en el Despacho Presidencial».
La presencia de policías y fiscales en la sede presidencial de Perú se inició en la madrugada del viernes y se prolongó durante más de 10 horas, hasta las 15H30 locales (20H30 GMT), aproximadamente, cuando abandonaron la sede del poder Ejecutivo.
Uno de los fiscales presentes, Luis Alberto Medina, declaró brevemente a periodistas que «se recabó información relacionada al caso Petroperú», e indicó que no se interrogó a nadie, puesto que las personas luego pueden ser citadas por la Fiscalía.
El funcionario no dio más detalles alegando que es información reservada en la investigación.
– «Inmunidad absoluta» –
A principios de enero, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación preliminar por este caso contra el presidente Pedro Castillo, por haber presuntamente intervenido en el proceso de adquisición del biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, mediante un contrato por 74 millones de dólares.
Sin embargo, aclaró entonces la Fiscalía, las actuaciones quedan suspendidas hasta que Castillo culmine su mandato de cinco años, en 2026, puesto que el presidente cuenta con «inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal» en Perú.
Para el abogado y expresidente de Transparecia Internacional José Ugaz, este allanamiento «es indicativo de que hay sospechas de involucramiento en actos ilegales en el entorno del presidente Castillo».
Ugaz, exprocurador entre 2000 y 2002 del caso que provocó la renuncia de expresidente peruano Alberto Fujimori hace dos décadas, explicó a la AFP que se requieren explicaciones de parte del presidente Castillo «tanto por la presunta interferencia en el nombramiento de oficiales militares como en el caso de Petroperú».
Considera que debe darse respuesta a «por qué ingresaron al Palacio de Gobierno el gerente general de Petroperú y la empresaria lobbysta Karelim López para aparentemente tener conversaciones con el Presidente o su entorno».
Para Ugaz, las justificaciones del presidente sobre la presencia de personajes como López en su entorno «son inverosímiles».
Recordó escándalos como las reuniones nocturnas ocultas que el presidente Castillo ha mantenido fuera de su residencia oficial, que no figuraban en el registro presidencial, y de las cuales no se ha informado el listado de personas asistentes.
Los funcionarios de Petroperú cuyos domicilios fueron allanados este viernes fueron Hugo Chávez Arévalo (gerente general de Petroperú), Muslaim Abusada Sumar, Gunther Documet Celis, Roger Liy Lion y Gregorio Saenz Moya.
Los empresarios investigados son la mencionada Karelim López Arredondo, Samir Abudayeh Giha y Carlos Siles Chehade.
López Arredondo también figura en otra investigación de la Fiscalía que involucra asimismo a Castillo, por presuntamente haber «intervenido –indebida e indirectamente–» en un proceso de licitación pública para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en la región de San Martín, al norte de Perú.
AFP.