Un toque de queda que es custodiado por 3.350 efectivos de la Guardia Nacional le ha devuelto la calma a Washington D.C.
Esa ciudad, epicentro del poder y de las instituciones estadounidenses, se convirtió este 6 de enero en el escenario de un episodio histórico, cuyo antecedente más reciente se remonta a 1814.
Aquel año, británicos ingresaron al Capitolio, la sede del Congreso de Estados Unidos, con la única intención de hacer arder sus instalaciones.
Este miércoles no hubo llamas, pero el asalto, perpetrado por simpatizantes del presidente Donald Trump, dejó tras de sí insultos, empujones, oficiales heridos, personas arrestadas, disparos y cuatro muertos, entre ellos una veterana de la Fuerza Aérea.
La violencia, catalogada por George W. Bush como digna de una “república bananera”, fue calificada por Barack Obama como un acto incitado “por el presidente en funciones”.
Nadie en el Partido Demócrata ni en su contraparte republicana parece apoyar una irrupción que bien podría abrirle las compuertas a una eventual destitución de quien hoy ocupa la Oficina Oval.
Aunque Trump culmina su mandato el próximo 20 de enero, su salida podría verse precipitada. Tras los hechos de este miércoles, no han faltado las voces que claman por un juicio político o por la activación de la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La primera vía, cuya principal proponente es la representante demócrata, Ilhan Omar, requeriría iniciar una investigación, escuchar testigos, presentar pruebas y, finalmente, someter el asunto a la consideración de la Cámara Baja.
Si esa instancia aprueba la moción, sus miembros deberían establecer los procedimientos para las audiencias públicas y, más tarde, dar rienda suelta al “impeachment”. Una vez agotado el juicio, la Cámara votaría a favor o en contra de la cesantía.
De ganar la opción afirmativa, el asunto llegaría al Senado. En la Cámara Alta, los legisladores volverían a deliberar y, luego de ello, manifestarían su apoyo o rechazo a la recusación.
Todo ese protocolo tendría que cumplirse en un lapso de 14 días. Quizá por ello, la opción más expedita sería la de la 25ª enmienda.
Ese apartado autoriza al vicepresidente Mike Pence para declarar por escrito, ante el Senado y la Cámara de Representantes, la incapacidad de Trump para ejercer y cumplir sus funciones. Si ello ocurriera, el magnate sería inhabilitado de forma inmediata.
Ante una salida por juicio político o una remoción por enmienda constitucional, las obligaciones de la Presidencia serían asumidas por Mike Pence. Él se convertiría en mandatario accidental, hasta que Joe Biden asuma las riendas del Ejecutivo.