Un juez de la Audiencia Nacional de España, Alejandro Abascal, envío a juicio al exembajador Raúl Morodo, investigado de recibir más de 4,5 millones de euros por Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Debido a esto, la Fiscalía soliticó una pena de tres años y seis meses de cárcel, más una multa de 378.700 euros por delitos contra la Hacienda Pública.
De acuerdo a un artículo de Europa Press, otros acusados que acompañan al exdiplomático son su hiji, Alejo y la esposa de este, Ana Catalina Varandas, por fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 2017.
La investigación contra Morodo se origina a 2019, en la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
En la querella, continúa el artículo, se señalaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y a Juan Carlos Márquez Cabrera (que falleció durante la investigación), y contra otras personas físicas y jurídicas de su entorno familiar y empresarial.
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En este sentido, las pesquisas se centraron en esos 4,5 millones de euros que recibieron de Pdvsa «carentes de justificación real y lógica comercial». Pero en el caso, de enero de 2023 y a petición de la Fiscalía, fue desdoblado para poder enviar a juicio el presunto fraude a Hacienda de 2013, 2014 y 2017, y diferenciarlo de la parte conocida como ‘caso Venezolanos’.
Ante esto, Abascal justificó esta decisión señalando que si bien «ambos casos mantenían la conexidad inicial, estaban perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios» que permitían su enjuiciamiento por separado.
Respecto a su hijo, Alejo Morodo, la acusación radica entre los años 2007 y 2015, cuando habría centrado su «actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional», que le habrían generado «cuantiosas rentas».