La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante Corte-IDH el caso de José Antonio Navarro Hevia, un funcionario público en el Ministerio de Defensa que fue destituido luego de denunciar corrupción en el organismo.
El funcionario Navarro trabajó en el Ministerio de Defensa de Venezuela desde 1978 hasta 2001 cuando denunció actos de corrupción mientras estaba frente al poder nacional Hugo Chávez Frías.
Tras la denuncia Navarro recibió una averiguación administrativa por “dañar el buen nombre e intereses del Ministerio de Defensa” y al menos tuvo cinco amonestaciones basadas en el artículo 60 de la Ley de Carrera Administrativa.
El mismo año en el que denunció la corrupción fue destituido del cargo de Analista de Personal y aunque presentó varios recursos su caso no fue atendido.
Navarro incluso le hizo llegar la información a Hugo Chávez Frías, pero no recibió ninguna respuesta.
En el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 362/22, la Comisión destacó que la norma aplicada contra Navarro Hevia es amplia, genera inseguridad jurídica y permite arbitrariedades y señaló que la conducta por la cual fue amonestado, «violar el órgano regular», no estaba definida como causal de amonestación, por lo cual el Estado vulneró el principio de legalidad.
En relación con los principios de independencia e imparcialidad, la Comisión observó irregularidades en el proceso administrativo. Notó un contexto de persecución a funcionarios públicos opositores, donde Navarro Hevia realizó críticas públicas al gobierno y denuncias de corrupción y concluyó que el Estado no garantizó el acceso a autoridades imparciales en el proceso administrativo.
Te puede interesar: Según encuesta 65% de venezolanos regresarían al país si Maduro deja el poder
La CIDH destacó que la administración tardó al menos nueve años en emitir decisiones finales, lo cual fue un plazo irrazonable. Esta demora violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y la amonestación por buscar información y denunciar corrupción constituyó una restricción ilegítima a la libertad de expresión, que afectó el debate público y el control democrático.
La Comisión resaltó que las amonestaciones privaron injustamente a Navarro Hevia de su empleo y que, al no contar con recursos efectivos para corregir esta situación, el Estado violó su derecho al trabajo.