Un grupo bipartidista de Senadores estadounidenses presentó un proyecto de Ley con el que buscan ejercer mayor presión «política, económica y diplomática» contra el dictador Nicolás Maduro, y sirva para ayudar en la crisis humanitarian y migratoria venezolana.
La prensa internacional pudo conocer sobre este proyecto de Ley, que preliminarmente lleva el nombre: “Ley de ayuda humanitaria, reconstrucción y estado de derecho en Venezuela 2018”. En su cotenido hay algunas propuestas para dar respuesta a la crisis venezolana, que van desde un aumento de las sanciones a determinados agentes del Régimen hasta entrega de recursos para asistencia por un total de 40 millones de dólares.
Este es considerado el proyecto legislativo más amplio, abordado por el Congreso estadounidense para atajar la situación Venezuela. La ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, establecido en la legislación, autorizaría 20 millones de dólares para la crisis interna del País, y otros 20 millones para los Estados vecinos, de acogida, que se enfrentan «a los desafíos» del crecimiento de la migración venezolana. También otorga 14,5 millones dólares para «apoyar a la sociedad civil democrática» y medio millón para la observación internacional de futuras elecciones democráticas.
Entre otros pasos, contempla que el Departamento de Estado realice una “Conferencia de Donantes” para coordinar financiamiento internacional ante la crisis de Venezuela, garantizando el apoyo de las Naciones Unidas.
En cuanto al aumento de sanciones, apunta específicamente a aquellos funcionarios venezolanos que hayan incurrido en «corrupción pública» y en actos destinados a «socavar la democracia», de igual forma propone más castigos financieros a la deuda soberana del país.
La Ley establece que el Gobierno de Estados Unidos reconocería a la Asamblea Nacional, inhabilitada por Maduro, como «el único cuerpo legislativo legítimo en Venezuela», y convoca con “carácter de urgencia” buscar una «solución negociada a pesar de la falta de voluntad» del ejecutivo venezolano para «comprometerse con un proceso de negociación creíble». Así mismo, exige la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad y que el Departamento de Estado los documente.
La propuesta legislativa está liderada por el Senador demócrata Bob Menéndez, a quien se han sumado los también demócratas Bill Nelson, Dick Durbin y Ben Cardin, junto de los republicanos Marco Rubio, John Cornyn y David Purdue.