La intención es que el expresidente colombiano testifique como parte de una investigación de tres masacres, lo que podría esclarecer denuncias sobre supuestos vínculos de Uribe Vélez con grupos paramilitares.
El nuevo dilema legal de Uribe es posiblemente más perjudicial que la otra investigación de la Corte Suprema sobre una posible manipulación de testigos que desató protestas a principios de este mes, después de que magistrados ordenaron que el exmandatario permaneciera bajo arresto domiciliario.
Los detalles de la pesquisa sobre las masacres se incluyen en un documento judicial de 71 páginas al que The Associated Press tuvo acceso el domingo y también fue publicado en la prensa local, en el que los jueces examinan si Uribe estuvo relacionado con tres matanzas en el departamento de Antioquia, así como con la muerte de un activista de derechos humanos durante su época como gobernador.
Ambos casos se enfocan en antiguas —pero no corroboradas— acusaciones de que Uribe tenía participación directa en grupos paramilitares, que fueron formados por terratenientes durante el prolongado conflicto civil para combatir a las violentas guerrillas marxistas.
A pesar de que la Corte Suprema sigue en la etapa de investigación, las pesquisas han exacerbado las tensiones en el país respecto al proceso de paz que culminó en un acuerdo con el mayor movimiento rebelde de Colombia. Uribe ha rechazado vehementemente las acusaciones y su abogado cuestiona el momento en que se dio la nueva solicitud del tribunal.
En tanto, activistas por los derechos humanos han elogiado a la corte por avanzar las investigaciones en un país en donde generalmente los más influyentes logran evadir responsabilidades.
“Durante décadas, han existido graves acusaciones sobre la posible participación de Uribe en atrocidades”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para el continente americano. “La Corte Suprema de Colombia trabaja valientemente para descubrir la verdad a pesar de los múltiples ataques por parte del expresidente y sus aliados”.
En su decisión, el magistrado César Reyes solicita que Uribe y varios exparamilitares comparezcan ante la corte en septiembre y pide una amplia gama de documentos que contienen testimonios judiciales previos, registros oficiales y archivos personales a fin de esclarecer las circunstancias en torno a las tres matanzas.
Las masacres —en La Granja, El Aro y San Roque— ocurrieron a finales de la década de 1990, en momentos en que los rebeldes de izquierda se afianzaban en la región de Antioquia, donde Uribe inició su larga carrera política. Los grupos paramilitares aumentaron su presencia en respuesta, de acuerdo con hallazgos previos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con información de VOA