La Corte Penal Internacional (CPI) recibió los formularios de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela; y es que hasta el pasado 20 de abril se extendía la prórroga de enviar la documentación que reflejaba las opiniones de una posible justicia en el país suramericano.
Tras publicar el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (“VPRS”) la CPI recopiló las opiniones e inquietudes de las víctimas venezolanas en apoyo a la solicitud del fiscal de La Haya, Karim Khan, para que continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La CPI recibió 1,746 formularios, 5 vídeos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos correspondientes a aproximadamente a 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones.
De acuerdo al director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, la información la dio a conocer la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI y señaló que dichos documentos fueron calificados como confidenciales, «ya que los mismos pueden conducir a la identificación de las víctimas potenciales involucradas» en la investigación.
Dichos documentos han sido clasificados como confidenciales, ya que los mismos pueden conducir a la identificación de las víctimas potenciales involucradas en los hechos investigados en la situación “Venezuela I”. Ello, con base en en la regla 23bis(1) del Reglamento de la Corte.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) April 21, 2023
» Esto es fundamental para la protección de las víctimas, tomando en cuenta que la violación de los derechos humanos de éstas es una situación en curso, que se mantiene al día de hoy», explicó el experto por medio de su cuenta de Twitter.
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La investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Venezuela atraviesa un momento crucial: el fiscal Karim Khan alega que existe una «base razonable» para creer que hubo violaciones «sistemáticas» de derechos humanos. El 20 de abril vence el lapso para analizar testimonios en La Haya.
El régimen de Nicolás Maduro acusa a Khan de tener una «visión claramente prejuiciada» y el sistema de justicia asegura que responde ante excesos de las fuerzas del orden. El fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, sostiene que su despacho ha hecho desde 2017 unas 1.500 imputaciones por abusos contra los derechos humanos.