Este martes se dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro compañías marítimas por brindar sus servicios a la dictadura de Nicolás Maduro para la explotación de activos petroleros.
La OFAC advirtió que toda aquella compañía que se relacione con el régimen de Nicolás Maduro corre el riesgo de perder el acceso al sistema financiero estadounidense.
“El régimen ilegítimo de Maduro ha contado con la ayuda de las compañías marítimas y sus embarcaciones para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela para el beneficio del régimen”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
Mnuchin afirmó que “Estados Unidos continuará atacando a quienes apoyan este régimen corrupto y contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano”.
Las compañías sancionadas son propietarias de buques que la dictadura ha contratado para diferentes actividades petroleras: AFRANAV MARITIME LTD tiene su sede en las Islas Marshall; SEACOMBER LTD tiene su sede en Grecia; ADAMANT MARITIME LTD tiene su sede en las Islas Marshall y SANIBEL SHIPTRADE LTD tiene su sede en las Islas Marshall.
Según el Departamento del Tesoro, Afranav Maritime es propietaria de un barco de bandera panameña que hasta mediados de febrero seguía transportando crudo venezolano.
A Seacomer se le atribuye el uso del buque de bandera maltesa Chios I para transportar petróleo venezolano, pese al embargo que rige desde febrero de 2019.
La empresa Adamant Maritime fue señalada por el Tesoro de utilizar la nave Seahero, con bandera de Bahamas, para comerciar crudo, y a Sanibel Shiptrade se le atribuye el uso del buque Voyager I, con bandera de las Islas Marshall.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las entidades designadas también está bloqueada.