Estados Unidos anunció este lunes sanciones a los cinco integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público Ángel Arnaldo Pineda Ávila, como «actores corruptos y no democráticos».
El Secretario de Estado Antony Blinken, en su cuenta de Twitter, señaló que los siete funcionarios fueron sancionados en base a la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte.
“En apoyo de las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, estamos nombrando a cinco Magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, el Fiscal General Porras de Guatemala y el Secretario General Pineda a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de la Sección 353”, escribió.
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In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021
En el Salvador, se ha sancionado a Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, por «socavar procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos» por parte de la Asamblea Legislativa, «en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña».
En Guatemala a Porras, Washington la acusa de «obstruir las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales» en un «patrón» establecido que consiste en «ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoren los casos basados en consideraciones políticas» . Además, Porras ha socavado «activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción».
En este mismo país, ha sido sancionado Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general de la Fiscalía, por «obstruir las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción», algo por lo que ya está siendo investigado en el país centroamericano ya que presuntamente habría alertado «a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra».