Por corrupción y violación de Derechos Humanos fueron sancionados a través de la Ley Magnitsky Act dos altos funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega.
Se trata del comisionado general Francisco Díaz, director de facto de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega, así como el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua, SA, Francisco López Centeno.
La ley Magnitsky castiga a funcionarios y personas señaladas por corrupción y violaciones a los derechos humanos. En el procedimiento de sanción se incluye la congelación de los activos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, la cancelación de visas para entrar al gobierno estadounidense; asimismo los ciudadanos estadounidenses no pueden realizar transacciones con los implicados, que pasan a integrar la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), conocida como la lista negra.
El primer funcionario nicaragüense en ser sancionado fue el Presidente del Consejo Electoral del país.
La misma ley ha sido utilizada para sancionar a decenas de funcionarios y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro como una ruta alternativa para combatir la impunidad reinante en estos países.