Trinidad y Tobago ha quebrantado el derecho internacional. El país, cuya postura ante la crisis humanitaria de Venezuela es la de la indiferencia, es corresponsable del naufragio que ocasionó la muerte de una veintena de venezolanos.
Tal explicación la proporcionó, este lunes, la abogada Soranib Hernández. En entrevista para el programa “El Citizen”, la jurista aclaró que, tras negar el asilo a los 20 migrantes que huían de la dictadura, Puerto España desconoció, entre otros, el principio de no devolución.
“¿Cómo es posible que se permita en pleno siglo XXI (…) que un Estado pueda enviar al mar a un grupo de personas desprotegidas?”, se preguntó. La jurisconsulta agregó que las autoridades trinitarias “tienen obligaciones internacionales como, por ejemplo, la prohibición impuesta a los Estados de expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentran amenazadas”.
Herrera se permitió citar la Convención de Ginebra de 1951, un tratado que es reconocido por Trinidad y Tobago, y que establece que “ningún Estado o parte contratante podrá expulsar a ningún ser humano, devolverlo o poner, en modo alguno, a un refugiado en la fronteras de su territorio, donde peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por sus opiniones políticas”.
La abogada aclaró que los venezolanos, más que migrantes, son refugiados y que, como tal, han de gozar de un trato especial. “Son personas que necesitan estar protegidas bajo los protocolos que el derecho internacional establece”, afirmó.