Era conocida como la “Dama de Hierro” en círculos del atribulado sistema judicial venezolano por la severidad que demostraba en hacer cumplir la voluntad del régimen socialista de Caracas, a menudo ejerciendo gran presión sobre los abogados y los jueces para garantizar que las decisiones judiciales siguieran de cerca los deseos del gobierno, dijeron abogados que trataron con ella.
Carmen Porras ascendió rápidamente de rango y fue nombrada miembro del Tribunal Supremo de Justicia, desde donde contribuyó con los esfuerzos del régimen por convertir los tribunales de la nación en un instrumento de persecución política, fenómeno denunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por varias organizaciones independientes.
Pero una vez que cayó en desgracia, Porras se volvió contra el régimen que por tanto tiempo defendió, y se reunió con líderes de la oposición para denunciar que la estaban obligando a dejar el cargo.
Poco después, aterrizó en el sur de la Florida, donde alejándose de la ideología socialista que tanto defendió, concentró sus esfuerzos en la acumulación de riqueza, invirtiendo millones de dólares en el mercado inmobiliario local.
Porras se encuentra entre cientos de funcionarios venezolanos que después de ayudar a construir la llamada Revolución Bolivariana terminaron mudándose o abriendo negocios en Florida, bastión de los exiliados que fueron obligados a abandonar el país sudamericano para escapar de la persecución y las terribles condiciones económicas provocadas por el propio régimen socialista.
Datos obtenidos por el portal de investigación venezolano Armando.info y el Miami Herald muestran que hay al menos 232 militares venezolanos o miembros del Ministerio de Defensa del país que han abierto empresas en Florida.
También hay más de 700 empresas cuyos propietarios o directores son, o fueron en algún momento, funcionarios de rango medio o alto en el régimen socialista de Caracas.
La vida que Porras tiene hoy en Florida contrasta con su pasado en Venezuela, donde a menudo se desempeñó como una ardua defensora de un régimen que dedica gran parte de su discurso político en proclamarse como un enemigo natural de los Estados Unidos.
“No fue brillante su paso, pero si era una persona fiel al chavismo desde el principio hasta el final, hasta que salió. Tenía un cargo importante porque ella como magistrada estuvo a cargo de la creación de los tribunales laborales, y eso representó una asignación importante de magistrados”, dijo Miguel Ángel Martín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Asamblea Nacional dominada por la oposición. “Ella siempre votó a favor de todas las órdenes emitidas desde Miraflores [Palacio Presidencial] y nunca actuó en contra de esas órdenes, nunca”.
La lealtad de Porras no pasó desapercibida por los funcionarios de alto rango del régimen que en 2004 aprobaron su nombramiento al Tribunal Supremo de Justicia, donde disfrutó de un gran poder e influencia durante más de una década.
Desde allí continuó ayudando el régimen a cimentar su control sobre las cortes, pero su suerte cambió repentinamente en 2015, cuando las máximas figuras del chavismo decidieron nombrar nuevos magistrados antes de que tomaran posesión los nuevos diputados de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
La maniobra era necesaria para el régimen, ya que un gran número de magistrados tenían previsto retirarse el año siguiente, los cuales serían nombrados por los partidos adversos al chavismo.
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