Cuba asegura que nunca autorizó traspasar deuda comercial impagada de la época de Fidel Castro al «fondo buitre» CRF, que defiende haberla adquirido legalmente y la reclama con nutridos intereses. La decisión quedará desde este jueves en manos de una jueza británica.
Tras siete días de vistas en Londres, que incluyeron el testimonio de un exbanquero encarcelado y acusaciones de soborno, la magistrada Sara Cockerill, de la división mercantil de la Alta Corte, deberá determinar si el fondo de capital de riesgo CRF I Limited es un acreedor legítimo.
Establecido en las Islas Caimán, CRF adquirió una cartera de deuda soberana cubana impagada evaluada en 1.300 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor acreedor privado de Cuba.
Reclama en este caso dos créditos contraídos por el Banco Nacional de Cuba (BNC) en 1984, cuando aún ejercía como banco central, con Crédit Lyonnais e Istituto Bancario Italiano. Contratados en marcos alemanes, correspondían a unos 12 millones y 3 millones de dólares, pero CRF sostiene que ahora superan 78 millones con intereses.
Aunque su monto no es lo esencial: si gana podría abrir la puerta a nuevos juicios por miles de millones de dólares en préstamos que Fidel Castro declaró en «default» a finales de los años 1980, antes de la crisis económica que siguió a la caída de la Unión Soviética en 1991.
Sin entrar de momento en el fondo de la demanda, la decisión de Cockerill, que puede tardar semanas o meses, versará sobre la cuestión preliminar de si CRF adquirió los derechos legítimamente. Y podrá ser apelada, lo que augura años de batalla legal.
Otros países latinoamericanos libraron largos procesos contra fondos buitres como Elliott Management Corporation, que ganó un multimillonario juicio contra Argentina por su «default» en 2002, impidiéndole el acceso a los mercados internacionales durante una década.
– ¿»Fondo buitre» o acreedor responsable? –
CRF adquirió los derechos de los créditos en 2019 a ICBC Standard Bank, filial británica del Banco Industrial y Comercial de China.
Pero las autoridades cubanas aseguran que la transacción fue nula por no contar con la aprobación del gobierno cubano, sino únicamente de Raúl Eugenio Olivera Lozano, director de operaciones del BNC, que desde la creación del Banco Central de Cuba en 1997 ya no representaba al Estado.
Olivera, que cumple 13 años en una cárcel cubana por cohecho, aseguró durante un testimonio por videoconferencia que el fondo le prometió 25.000 libras (31.000 dólares) por realizar la operación ilícita.
CRF siempre lo negó y los abogados del Estado cubano retiraron esta polémica acusación de la causa.
Durante cinco días de testimonios que incluyeron a Joscelín Río Álvarez, presidenta del BNC desde 2020, y Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero Finanzas y Precios de Cuba, se centraron en demostrar que la autorización vulneró las reglas.
El BNC «no tenía capacidad para actuar en nombre del Estado cubano, pero incluso si eso fuera incorrecto, se aplicaba la regla de las dos firmas» y la operación solo contó con la de Olivera, defendió el abogado Anton Dudnikov.
«El ministerio de Finanzas y Precios no tenía ningún conocimiento ni estuvo implicado», subrayó su colega Alison Macdonald, asegurando que en noviembre de 2020 el gobierno refutó la asignación tras abrir una investigación a Olivera.
Otros tres responsables del BNC, su entonces presidente, su secretaria y la exjefa del departamento de deuda exterior, fueron condenados a penas menores por su responsabilidad en la operación.
Pero Jawdat Khurshid, abogado de CRF, defendió, apoyándose en informes jurídicos y profusos detalles sobre la correspondencia entre responsables de BNC y CRF, que los cuatro eran «oficiales del estado cubano» y actuaron correctamente.
Olivera solo dijo que había sido sobornado cuando «lo empujaron» a ello, agregó.
Aseguró que el manual del BNC no requería la aprobación ministerial y que transacciones anteriores fueron autorizadas con la única firma de Olivera. «Estas normas no son disposiciones obligatorias», subrayó en sus alegatos finales del jueves.
Los llamados «fondos buitres» adquieren deuda perjudicada a precio de remate y buscan recuperarla en los tribunales con intereses.
CRF niega ser uno de ellos y afirma haber actuado «sin secretismo ni disimulo» en su adquisición de cartera. Desde 2012 «Cuba sabía que CRF estaba invirtiendo indirectamente mediante acuerdos de participación», afirmó Khurshid.
El fondo preferiría evitar un largo y costoso juicio, «último recurso» para «llevar a Cuba a la mesa de negociación» tras su rechazo de una oferta de quita del 60%, agregó.
AFP