Los involucrados han denunciado en la Voz de America, estas acusaciones y las catalogan como un acto de «terrorismo fiscal», lo cual, aseguran, es un estrategia del gobierno para poder hacer frente al conocido déficit en el Presupuesto General que enfrenta el gobierno.
Según el FUNIDES (La Fundación Nicaragüenses para el Desarrollo Económico y Social) la dictadura va a cerrar este año con un déficit presupuestario de 100 millones de dólares. La estrategia de la dictadura de nicaragua es agarrar a unos 300 empresarios, catalogados de azul y blanco y hacerles reparos millonarios. Es una extorsión gangsteril», reclamó el periodista.
Ante las denuncias más recientes, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) fue una de las primeras en demandar el “cese a la intimidación hacia opositores y sector privado”, en un comunicado publicado el tres de septiembre.
“El actuar intimidatorio y arbitrario de las autoridades en contra de empresarios del sector privado y activistas opositores representan un conjunto de agresiones deliberadas que buscan agredir, callar la opinión y descontento popular, violando el derecho de todo ser humano a la libertad de expresión y de pensamiento”, argumentó.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social también condenó las “arbitrariedades de las que han sido objeto empresarios, contribuyentes y personas naturales, con cobros onerosos y procedimientos administrativos fuera de la ley y normas en Nicaragua”.
Según especialistas, el terrorismo fiscal ocurre cuando la autoridad tributaria busca cobrar los impuestos por medios coercitivos y de hostigamiento al contribuyente, implementando mecanismos excesivos para su cobranza.