A pesar de que este 21 de noviembre se celebra el Día del Estudiante Universitario en Venezuela, la persecución a la que son sometidos, la baja matrícula, la deserción de los profesores y la precariedad de la infraestructura existente es lo que marca la actualidad de este sector en el país.
El injusto juicio que se anunció contra el estudiante de la UCV detenido por el régimen, Jhon Álvarez, es otra de las razones por la que los jóvenes universitarios venezolanos tienen poco que celebrar.
El observatorio de Universidades, una organización no gubernamental que realiza constantemente trabajos de las condiciones del sistema de educación superior en Venezuela asegura que tan solo en el primer trimestre de este año, se registraron, 74 protestas de los universitarios en donde exigieron mejorías para las diferentes situaciones que vive el sector.
Infraestructuras dañadas
Los recintos estudiantiles se encuentran totalmente deteriorados por la insuficiencia presupuestaria, que conlleva a una falta de mantenimiento, y además los constantes actos vandálicos aceleraron el deterioro de las mismas.
La Universidad de los Andes, (ULA) que acoge mayormente a los estudiantes de Mérida, Táchira y Trujillo no cuenta con baños habilitados, no hay servicios de aguas potables, ha sufrido desmantelamiento y tiene un cementerio de autobuses que eran usados para el beneficio de alumnos y profesores.
La sede de la ULA en la ciudad del Vigía se encuentra en una hacienda que fue invadida en el año 2019 y hasta los momentos nadie ha podido resolver la situación.
En el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la decadencia es visible, lo que era un campus de arte, naturaleza y arquitectura en pleno corazón de Caracas y además catalogada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad es ahora una muestra de la poca importancia que le da el régimen del país a la educación.
En el 2021 Nicolás Maduro llevó a cabo un plan de rehabilitación de la UCV, pero estuvo lleno de polémicas por no respetar y cuidar los diseños arquitectónicos de los diferentes espacios intervenidos.
La realidad de la Universidad del Zulia (LUZ) es desoladora, hay murciélagos en las aulas, paredes sin pinturas y espacios totalmente abandonados, el comedor está llenos de escombros y muebles arrumados.
En marzo de este año se iniciaron unos trabajos de recuperación en el marco del programa “Misión Venezuela Bella” que lleva a cabo el régimen, pero los estudiantes aseguraron que solo hicieron reparaciones superficiales en dos facultades y LUZ cuenta con más de 60 edificaciones solo en Maracaibo.
Déficit de profesores
Aunque no hay cifras oficiales se calcula que, durante el 2022, unos 3 500 docentes habían abandonado o renunciado a sus cargos para atender ofertas de universidades latinoamericanas y de otras partes del mundo; esa cifra equivale al cierre de una de las grandes universidades del país, como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA) o la Universidad del Zulia (LUZ).
Al principio de este mes la Asociación de Profesores de la UCV (Apuc) denunció que los docentes de Venezuela sumaban 600 días sin aumento salarial, mientras que la inflación interanual se ubica en un 317.6%.
Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) estima que más de 93.000 maestros han emigrado, según indicó el portal de la Gran Aldea.
Desde el año 2019, el 90% de los profesores ya daban clases solo por vocación, señala una encuesta del Observatorio de Universidades.
En la actualidad, los profesores no pueden realizar trabajos de investigaciones, cuando antes las universidades nacionales generaban el 80 % de la investigación que se producía en el país.
Desde el 2010, las cifras demuestran que ha habido una reducción continuada de la producción de artículos científicos.
Baja matricula estudiantil
El Instituto de Estadística de la Unesco (IUS) registró que 1.018.503 jóvenes no asistían a la universidad para el 2016.
La Escuela de Educación de la UCV pasó de graduar a 244 personas en 2012 a solo 15 en 2022, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) asegura que tiene 5% menos personas que en 2014.
Por su parte, la ULA tuvo en 2012 una matrícula de 36.796, para 2022 la caída fue de 50,2%, según la Oficina de Admisión Estudiantil.
Mientas que LUZ anteriormente contaba con una matrícula de casi 64 mil estudiantes hoy en día tiene 23 mil 337.
Persecución por pensar distinto
En el periodo dictatorial de Nicolás Maduro se han presentado múltiples denuncias de Violaciones de los Derechos Humanos contra los estudiantes que protestaron y protestan en contra de las irregularidades del Estado.
En el año 2017, cuando hubo una manifestación importante en todo el país en contra de Nicolás Maduro y en donde hubo más de 130 muertos, muchos estudiantes fueron procesados penalmente sin ser responsables de ningún delito.
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En esas protestas, en la ciudad de Caracas, fueron arrestados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) 31 estudiantes cuando se manifestaban en el Este de la ciudad, los mismos fueron metidos a las fuerzas dentro de un camión sin ventilación y de forma despiadada les lanzaban bombas lacrimógenas.
En esa misma línea, en el 2017, fueron privados de libertad cuatro estudiantes activistas por rendirle homenaje a un joven que mataron en anteriores días de protestas, ante esa situación la Coalición por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares.
Se les acusó de asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública y además permanecieron encerrados en celdas militares a pesar de ser civiles.
En la ciudad de Maracay la situación se repite cuando fueron llevados a prisión 27 jóvenes por protestar en las principales avenidas.
Mientras se encontraban manifestando un camión llegó al lugar, los metieron a las fuerzas y los fueron repartiendo en diferentes cárceles de esa localidad, sin informarle a los familiares por lo que se les hacía difícil dar con el paradero de cada uno de ellos.
Los jóvenes denunciaron que sufrieron diferentes tipos de agresión como descargas eléctricas, golpes, baños con agua fría y torturas psicológicas.
El caso del estudiante Steven García es muy reconocido por la injusticia que vivió, ya que fue acusado por Diosdado Cabello en televisión abierta del asesinato de Gisella Rubilar cometido en Mérida en el marco de las protestas sociales del 2014.
Su detención se hizo dos años después del suceso y estuvo privado de libertad 6 años a pesar de que nunca mostraron las pruebas ni le hicieron un juicio transparente.
El caso más reciente es el del estudiante John Álvarez quien fue arrestado el pasado 30 de agosto y vinculado con seis dirigentes sindicales que, pocos días antes, fueron condenados a 16 años de cárcel por «conspiración».
Álvarez será enjuiciado en prisión y su abogado denuncia que es víctima de torturas por parte de funcionarios policiales, que recibió descargas eléctricas en los genitales, las costillas y las rodillas y que lo golpearon con un bate para arrancarle «una confesión», grabada en video, contra los sindicalistas condenados.
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