La Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó este miércoles una denuncia ante la Justicia federal de Argentina para que el país investigue las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal.
Las evidencias presentadas por CFJ apuntan a la presunta responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas o percibidas vinculadas a la oposición política del gobierno.
El equipo Docket de CFJ representa a familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidios en esta iniciativa que busca apoyar a las personas supervivientes y exigir responsabilidades a los autores más allá de las fronteras de Venezuela.
“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, declaró Yasmine Chubin, directora de Asesoramiento Jurídico de la iniciativa The Docket de CFJ. “Es por eso que estamos ayudando a las personas sobrevivientes y a sus familias en la recopilación de evidencias de los crímenes cometidos en su contra y en la búsqueda de jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de estos crímenes rindan cuentas.”
Desde 2014, cuando comenzaron a producirse estos crímenes, las autoridades venezolanas han incumplido su obligación de poner en marcha investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales -incluidos asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias- cometidos por funcionarios venezolanos.
La jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. En el caso de Argentina, la Justicia federal argentina ya ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos en lo que constituye ya una sólida línea de precedentes. Entre ellos, en 2010 una jueza federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977).
Esto dio lugar a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado. En 2021, aplicando de nuevo la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya en Myanmar.
Con información de Monitoreamos.com