En un esfuerzo para regularizar el estatus legal de los migrantes que han llegado desde Venezuela, el Ejecutivo encabezado por el presidente Iván Duque emitió un decreto que normaliza la situación de los ciudadanos venezolanos que arribaron a Colombia hasta enero de 2021.
La orden presidencial, que ha sido bautizada como Estatuto Temporal de Protección (ETP), contiene disposiciones que complementan las normas de convenios internacionales que amparan a los desplazados y refugiados.
En concreto, el ETP, que tendrá una vigencia de una década, permitirá a los venezolanos que residen en Colombia transitar de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario. Tal paso les otorgará la posibilidad de solicitar la residencia permanente, al cabo de 10 años.
Tras ser anunciada, la implementación de la acción ejecutiva quedará a cargo de las autoridades de Migración Colombia. Ese ente será el encargado de procesar los trámites que comenzarán con la inscripción de los interesados en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Más tarde, los beneficiados deberán obtener un Permiso de Protección Personal, que los identificará como tal y que dejará constancia de la normalización de su estatus.
“Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones de sus permisos”, apuntó el presidente Duque, a la hora de anunciar la medida. En esa misma alocución, el gobernante añadió que “quienes están irregulares tendrán una hoja de ruta a esa regularización, que implica un registro claro y certero de sus nombres, edades, lugares de residencia, condiciones socioeconómicas y estarán en un registro biométrico”.
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de cinco millones de venezolanos han abandonado su país, a causa de la emergencia humanitaria compleja que se padece dentro de la República Bolivariana. Casi dos millones de esos migrantes se encuentran radicados en suelo colombiano.
Datos de Migración Colombia precisan que, para diciembre del año pasado, 1.729.000 migrantes se encontraban en la nación cafetera. De ese total, 966.000 (56%) permanecían en las sombras, en situación de ilegalidad.