Hunter Biden fue acusado formalmente de nueve cargos fiscales el jueves en California mientras se intensifica una investigación del fiscal especial sobre los negocios del hijo del presidente Joe Biden en el contexto de las inminentes elecciones de 2024.
Los nuevos cargos (tres delitos graves y seis delitos menores) se suman a los cargos federales por armas de fuego en Delaware que alegan que Hunter Biden violó una ley que prohibía que los consumidores de drogas tuvieran armas en 2018.
Anteriormente se esperaba que se declarara culpable de delitos fiscales menores como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales que dijeron que no pagó impuestos sobre 4 millones de dólares en ingresos personales en 2017 y 2018. Los abogados defensores han señalado que planean luchar contra cualquier nuevo cargo.
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El acuerdo implosionó en julio después de que un juez planteara dudas al respecto. También había sido ridiculizado como un “acuerdo atractivo” por los republicanos que investigaban casi todos los aspectos de los negocios de Hunter Biden, así como el manejo del caso por parte del Departamento de Justicia.
Los republicanos del Congreso también han iniciado una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, alegando que estaba involucrado en un plan de tráfico de influencias con su hijo. Se espera que la Cámara vote la próxima semana sobre la autorización formal de la investigación.
Si bien han surgido dudas sobre la ética que rodea los negocios internacionales de la familia Biden, hasta ahora no ha aparecido evidencia que demuestre que Joe Biden, en su cargo actual o anterior, abusó de su papel o aceptó sobornos.
La investigación criminal dirigida por el fiscal federal de Delaware, David Weiss, ha estado abierta desde 2018 y se esperaba que concluyera con el acuerdo de culpabilidad en el que Hunter Biden tenía planeado llegar a un consenso con los fiscales durante el verano. Ahí se habría declarado culpable de dos delitos menores de evasión fiscal y habría llegado a un acuerdo separado sobre el cargo de armas. Habría cumplido dos años de libertad condicional antes de ir a la cárcel.
El acuerdo también contenía disposiciones de inmunidad, y los abogados defensores han argumentado que siguen vigentes ya que esa parte del acuerdo fue firmada por un fiscal antes de que se descartara el acuerdo.
Los fiscales no están de conformes y señalan que los documentos no fueron firmados por un juez y no son válidos.
Con información de AFP