Y es que los negocios más oscuros del Ministro de Defensa de la dictadura, Vladimir Padrino López han quedado al descubierto tras la investigación realizada por el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) que revela una red de empresas y propiedades en Estados Unidos tejida a través de familiares de Padrino López, así como todo un entramado corporativo de 35 generales activos del Ejército, que mediante compañías de su propiedad han obtenido 225 contratos con el régimen venezolano.
Yarazedt Betancourt, esposa de Padrino López durante 20 años y otros parientes, son los principales cómplices de este entramado familiar que incluye empresas y bienes raíces en Estados Unidos y Venezuela, valorados en millones de dólares.
Solo cinco de esas empresas obtuvieron beneficios superiores a los 700.000 dólares en un año.
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revela en su investigación que una de estas compañías quedó identificada como Trámites Consulares, Inc., empresa registrada en Texas en 2010, encargada de tramitar visas de asilo político para venezolanos víctimas de la persecución por los gobiernos de Chávez y Maduro, ocho años antes de que la administración estadounidense impusiera sanciones Padrino López y 10 años antes de que lo acusaran por “conspiración para distribuir cocaína”.
Durante seis meses, un grupo de periodistas de investigación logró llegar a documentos internos del Ejército venezolano que demuestra criminalidad transfronteriza, esquema de lavado de dinero a gran escala y corrupción internacional.
“Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente miles de millones de dólares de Venezuela”, dijo la fiscal estadounidense Ariana Fajardo Orshan en un comunicado en el que anunciaba los cargos contra Padrino y otros funcionarios, incluido el dictador Nicolás Maduro.
“Un funcionario corrupto, después de ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos, sigue siendo propietario y dirigiendo negocios a través de miembros de su familia”, dijo a OCCRP Gary Kalman, experto estadounidense en temas de lavado de dinero y uno de los fundadores de FACT Coalition, organización que aboga por la transparencia corporativa.
EL CLUB DE LOS 35
Pero Padrino no está solo. La red de corrupción y lavado de dinero es grande dentro del Ejército venezolano.
La OCCRP reveló que 35 generales de las fuerzas armadas crearon 42 empresas privadas habilitadas para trabajar con el Estado, a través de las cuales han obtenido 225 contratos, a pesar de que en Venezuela está prohibido que los funcionarios hagan negocios con el gobierno.
Los miembros del Club de los 35, como los bautizó Occrp, se relacionan con 42 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado. Fueron fundadas en las últimas décadas y se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. En total, obtuvieron 225 contratos a lo largo de los años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el turismo.
“Se convierte en una especie de doctrina militar que algunos oficiales creen una empresa”, dijo Pedro Mendoza, un ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, otra rama de las Fanb, que decidió abandonar su país en febrero de 2019 y cruzó la frontera hacia Colombia.
Mendoza describió la actitud de la administración Maduro hacia sus generales como: “Tú me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que tengas beneficios económicos”.
Una mirada más profunda muestra que el estilo de vida de los miembros del Club de los 35 es incompatible con sus sueldos. Occrp tuvo acceso a nóminas del Ejército Bolivariano, que en Venezuela no son públicas, y muestran que un teniente gana en promedio 6,30 dólares mensuales, mientras que el salario de un general alcanza sólo 8,90 dólares.