Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».
Según un documento al que ha tenido acceso en exclusiva The Objetive, la empresa Pdvsa contrató al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho.
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«La oferta por estos servicios, ya negociada con el despacho de Ilocad, presenta un monto de 8.835.000 euros, desglosada para su pago según avance y cumplimiento de los siguientes hitos:
-1.650.000 euros por asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios.
-2.105.000 euros por preparación y presentación de la demanda.
-1.980.000 euros por coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas.
-3.100.000 euros por preparación del documento de acusación e inicio del juicio correspondiente en España».
Entre las misiones pactadas por Ilocad y Pdvsa figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a Pdvsa en la misma causa.
Ante este contexto, Delgado ha señalado que está “afectada” ni considera que deba apartarse de los casos, aún cuando en un contexto similar, un fiscal involucrado en el “caso Tándem” si fue obligado por Delgado a apartarse de la investigación, acusado de mantener una relación con una abogada de la contraparte, señala el medio.
Por otra parte, el contrato fue suscrito por Eulogio del Pino, quien actualmente tiene un juicio pendiente en Venezuela acusado de corrupción.