El escándalo de los alimentos importados que comercializa el régimen a través de los Comité Locales de Alimentación pica y se extiende.
Este jueves, Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de México informó, en rueda de prensa, que han logrado desmantelar una red de empresas y particulares mexicanos vinculados con la exportación de alimentos de baja calidad y con sobreprecio a Venezuela y que luego era revendido por el mismo gobierno con un 112 % de sobreprecio a la población venezolana.
La estructura de la red de corrupción operaba de la siguiente manera, según explicó Lira Salas, “Adquirir productos de baja calidad exportarlos a Venezuela con sobreprecio y a través de los Claps revenderlos a la población venezolana a un valor 112 % superior al costo real”.
“De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras), han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, aseguró el vocero de la procuraduría.
Según publica el portal venezolano La Patilla para el 18 de febrero del 2017 el negocio funcionaba así:
Compran en el exterior el equivalente a unos 12 kg de alimentos por caja Clap al costo de unos 23 dólares, es decir unos 230 bolívares al cambio Dipro. Esas cajas son vendidas, sin facturas y al contado, en las casas de los “favorecidos” a Bs. 10.000, tres dólares al cambio negro. El importador recibe 1.000 dólares y gasta 23 en México o Panamá, y los deja los 10.000 bolívares, a los camaradas de los CLAP, pagados en efectivo (cash o transferencia) por el pueblo y de los que nadie riende cuentas. Total gastos 23 + 3 = 26 dólares. Ganancia neta para el importador 1.000 – 26 = 974 dólares, es decir el 3.746%. Nada mal para jugar con el hambre del pueblo venezolano.