La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una actualización de la situación en Venezuela.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, denunció que ha habido un incremento de los ataques en contra de las ONG, defensores de derechos humanos, activistas, sindicalistas y periodistas.
“Persisten y en algunos casos han aumentado los ataques contra ONG y personas defensoras de DDHH, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otras personas de la sociedad civil, así como a líderes políticos“, denunció Valiñas, quien anunció que la Misión se enfocará en investigar el cierre del espacio cívico en Venezuela.
Recordó que el director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien permanece detenido en el centro de torturas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) de El Helicoide.
Valiñas reiteró la preocupación de la Misión por las leyes y procedimientos administrativos que “entorpecen el funcionamiento de la sociedad civil” en Venezuela.
Misión de la ONU sobre Venezuela alerta que la salud física y psicológica de Javier Tarazona se deteriora.
Denuncian que el defensor de DDHH permanece detenido desde 2021 tras denunciar a un alto funcionario del Gobierno de Maduro en el Ministerio Público. #DerechosParaVenezuela pic.twitter.com/93H0r5XtpC
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En particular se refirió a los dos proyectos de ley que avanzan en la Asamblea Nacional chavista para regular a las ONG, restringir el financiamiento internacional y hasta ilegalizar a las organizaciones de la sociedad civil. “La nueva regulación, de ser aprobada, consolidaría un control abusivo sobre la existencia y las actividades de las ONG”, alertó.
Explicó que, aunque las protestas masivas disminuyeron tras la ola represiva de 2019, en los últimos meses se ha registrado nuevas manifestaciones de trabajadores del sector público.
En este marco, denunció que “la persecución de líderes sindicales se ha intensificado”, al destacar la detención de nueve líderes sindicales de las empresas básicas de Guayana, y de los activistas vinculados al partido Bandera Roja (Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alcides Bracho), acusados por cargos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
La presidenta de la Misión de la ONU también denunció que “han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación”.
Detalló que solo en septiembre del año pasado cerraron 19 emisoras de radio en el estado Táchira y 31 en Zulia. Alertó que durante 2022 el régimen de Nicolás maduro cerró el mayor número de emisoras de radio en dos décadas.
Resaltó la situación del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, de quien dijo enfrenta un juicio con “múltiples irregularidades. También mencionó al periodista Jesús Medina, quien continúa sujeto a un procedimiento penal bajo cargos de instigación al odio y agavillamiento.
282 presos políticos.
Misión de la ONU denuncia que continúan produciéndose graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Alertan sobre nuevas detenciones de carácter selectivo y amenazas: “Constantes violaciones al debido proceso” #HRC52 #DerechosParaVenezuela pic.twitter.com/FJ6QhVBuOw
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Además de esto, Valiñas denunció que persisten los patrones de ejecuciones extrajudiciales durante los operativos de seguridad en el país.
“Las informaciones recabadas por la Misión hasta la fecha muestran indicios de que estos patrones persisten. El número muy elevado de enfrentamientos con la fuerza del orden reportado por la ONG Control Ciudadano, que contabilizó 716 casos en 2022, es indicativo de dicho patrón”. indicó.
Explicó que aunque las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron formalmente disueltas en julio de 2022, la realidad sería que “sus principales funciones, mandos e integrantes han sido absorbidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) como parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”.
Valiñas destacó que la creación de la DAET coincide con el lanzamiento de los operativos de seguridad contra el crimen organizado conocidos como Operación Trueno.
“Entre abril y septiembre de 2022 se llevaron a cabio siete de estas operaciones en Aragua, Anzoátegui, Guárico, Miranda y Yaracuy”, que han dejado cerca de 70 personas muertas.