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Nicaragua reclama ante ONU indemnización a EEUU por su rol contra el gobierno sandinista

Nicaragua anunció que entregó una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que recuerda que Estados Unidos tiene «una deuda histórica» con el país centroamericano.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, entregó una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que Nicaragua recuerda que Estados Unidos tiene «una deuda histórica». Según Moncada, en 1988 el monto de la indemnización de Washington superaba los 12.000 millones de dólares.

Más tarde y durante un acto en Managua, el presidente sandinista Daniel Ortega insistió el reclamo de la indemnización porque «estamos en el deber, en la obligación de seguir exigiendo que se cumpla cuando menos la sentencia».

«Cuando hablamos de ir a la Corte a demandar a los Estados Unidos, incluso pueblos hermanos, pueblos amigos nos decían: eso es caso perdido, no van a lograr avanzar siquiera allá en la Corte», rememoró Ortega, que gobernó por primera vez en la década de 1980 y retornó al gobierno el 2007, tras lo cual ha sido reelegido en tres comicios consecutivos cuestionados por la oposición.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó el 27 de junio de 1986 que Estados Unidos tenía que indemnizar a Nicaragua por los daños ocasionados por las «actividades militares y paramilitares» que en esa década emprendió para desestabilizar al entonces gobierno sandinista.

Moncada añadió que «Estados Unidos debe cumplir con la sentencia, con la obligación legal de indemnizar a Nicaragua por los daños provocados» en la década de 1980.

«Es una sentencia que está vigente, que Nicaragua no ha renunciado en ningún momento a que Estados Unidos indemnice lo que la Corte Internacional de Justicia mandó», agregó el canciller.

Según Managua, Washington apoyó a los rebeldes para combatir al gobierno sandinista que tomó el poder en julio de 1979 tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. Nicaragua asegura que los estadounidenses destruyeron los puertos marítimos del país, lo que generó la demanda en La Haya.

AFP