Las autoridades nicaragüenses usan el sistema de justicia para silenciar cada vez más a cualquier voz crítica en el país, advirtió este viernes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El organismo internacional, con sede en Ginebra, denuncia que sólo en mayo, 63 personas fueron detenidas arbitrariamente en el país centroamericano y que 55 de ellas fueron acusadas de «conspiración para socavar la integridad nacional» y «difusión de noticias falsas».
«Al parecer, el gobierno usa estos cargos para silenciar a sus críticos», alertó en una rueda de prensa Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La agencia de la ONU subrayó que durante las audiencias, las autoridades impusieron un abogado de oficio a los 55 acusados, entre los cuales figuran defensores de derechos humanos, opositores políticos, trabajadores rurales, periodistas y personas vinculadas a la Iglesia católica.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua durante la represión que siguió a las protestas de 2018.
Las manifestaciones comenzaron por una reforma al sistema de seguridad social, pero evolucionaron en un movimiento contra el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la oposición.
La ONU recordó que a mediados de mayo, la Corte Suprema suspendió las licencias de más de 20 abogados y notarios críticos. La mayoría de ellos fueron despojados de su nacionalidad en febrero, cuando el ejecutivo privó de la ciudadanía a 222 personas.
El ejecutivo sandinista también mantiene una embestida contra la Iglesia católica y algunos de sus líderes, denunció el Alto Comisionado.
Entre ellos está el obispo Rolando Álvarez, detenido en agosto de 2022 y condenado a 26 años de cárcel en condiciones que «violan los estándares internacionales de derechos humanos».
La ONU lamenta que el gobierno acusara a la Iglesia de ser «una organización criminal» y buscar «la desestabilización del país».
El Alto Comisionado insta al gobierno a detener la represión, liberar a los detenidos y restaurar el estatus legal de las más de 3.000 organizaciones clausuradas.
AFP