Nicaragua celebrará el domingo unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos o exiliados, se apresta a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, bajo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca.
Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo (70), a quien llama «copresidenta», a la cabeza del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
En las calles nadie lo duda. Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.
La arremetida desató el temor en el empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes. «No hay por quién votar. Daniel tiene esto en la bolsa», dijo a AFP una mujer de 46 años en su casa en Masaya (sur). Pidió anonimato: «No se puede hablar, vas preso», afirmó.
Unos 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar -también elegirán 90 diputados-, y según un sondeo de Cid-Gallup el 65% habría votado por un opositor y 19% por Ortega, aunque la encuestadora progobierno M&R afirma que un 70,7% votará por el FSLN.
De los aspirantes de la oposición, la favorita era Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y bajo arresto domiciliario.
Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, «traición a la patria» o «lavado de dinero», conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.
Más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino «golpistas» patrocinados por Washington.
– Arsenal de sanciones –
La oleada de arrestos tensó las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) -que sancionaron a familiares y allegados de Ortega-, pero también con gobiernos progresistas como México y Argentina.
El Congreso estadounidense aprobó el miércoles la ley «Renacer», un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Ortega y Murillo, acusándolos de corrupción, violar derechos humanos y no permitir elecciones «libres».
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que las elecciones serán «ilegítimas» y según la CIDH solo buscan «la perpetuación en el poder en forma indefinida».
Ortega, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a la UE de «injerencia»: «Están acostumbrados a no respetar las soberanías de los pueblos, pero tendrán que aprender».
El gobierno asegura que con «paz» llegará la prosperidad, augura un crecimiento económico del 6% este año y pretende convocar un diálogo tras los comicios.
Para el analista Eliseo Núñez, el diálogo es «estrategia para buscar la legitimidad que no ganó en las urnas» y la experta en gobernabilidad, Elvira Cuadra, augura con el aislamiento un deterioro social y más emigración. Ambos están exiliados.
El politólogo costarricense Kevin Casas opinó que, «igual que con Venezuela», difícilmente la comunidad internacional podrá maniobrar para cambiar -dijo- la «autocracia» que ha construido Ortega desde que volvió al poder en 2007, instaurando la reelección indefinida.
– Polarización –
El exguerrillero ya había gobernado en los años 1980 tras ayudar a derrocar al dictador Anastasio Somoza. Sus opositores lo acusan de convertirse en lo mismo, mientras él llama a su gobierno «Pueblo-presidente».
«El comandante se preocupa por el pueblo porque andábamos como sardinas en chunches viejos (buses)», dijo a AFP Jorge García, empleado público de 47 años, celebrando la puesta en circulación de autobuses rusos.
Mientras el gobierno multiplica la inauguración de puentes y carreteras, la oposición, desde el exilio, descabezada y fragmentada, pide a los nicaragüenses «quedarse en casa». En San José, Miami, Madrid y otras ciudades harán protestas el domingo.
«Por quienes queríamos votar están presos, entonces ¿para qué ir? Esto es una dictadura», dijo a la AFP Cipriano Góngora, de 70 años, quien tuvo a su hijo preso por ayudar como enfermero a manifestantes en 2018.
Afectados por la pandemia, el costo de vida, el desempleo y la crisis política, los nicaragüenses muestran apatía electoral. «Aquí la pobreza reina (…) Si no trabajo no como», dijo a AFP Eduardo González, de 76 años, vendedor de espejos ambulante en Masaya.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, hay un «Estado policial» para el «control social de la población» y la «represión de opositores».
Decenas de periodistas nicaragüenses trabajan desde Costa Rica y varios medios internacionales denunciaron que les negaron ingresar al país.
Más de 30.000 policías y militares resguardarán 13.459 mesas electorales que abrirán a las 13H00 GMT y cerrarán 11 horas después. El gobierno no aceptó observación internacional, solo «acompañantes invitados». El resultado se sabrá la misma noche.