La propuesta de que las Naciones Unidas designe a un enviado especial para la frontera entre Colombia y Venezuela es conveniente y positiva tanto para la seguridad regional como para los derechos de millones de habitantes de esa zona, de 2.200 kilómetros, aunque la idea depende en definitiva de la venia de ambos gobiernos, advierten analistas.
Organizaciones de la sociedad civil de los dos países presentaron la iniciativa la semana pasada, cuando escalaba el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas venezolanas y presuntos guerrilleros colombianos en el estado Apure.
Los enfrentamientos ya han dejado al menosocho uniformados fallecidos y 34 heridos, según cifras oficiales. Provocaron, asimismo, el desplazamiento forzado de aproximadamente 5.000 personas hacia territorio colombiano, de acuerdo con reportes de la ONG internacional Human Rights Watch (HRW).
El enviado especial de la ONU está adscrito a la oficina del secretario general del organismo. Suele ser una persona con amplia experiencia diplomática cuya misión es tratar asuntos concretos.
Actualmente, la organización multilateral tiene enviados especiales en zonas en conflicto, como Sudán, Siria, Yemen, pero también cuenta con esas figuras en asuntos variopintos, como el tema de discapacidad y accesibilidad, la reducción de riesgo de desastres y agua, o el cambio climático. Algunos de los designados tienen entre siete y ocho años de funciones en sus nombramientos.
Rocío San Miguel, directora de la organización venezolana sobre seguridad y defensa Control Ciudadano, explica que una eventual designación de tal figura aliviaría los efectos de la clausura de relaciones diplomáticas binacionales y el cierre intermitente desde 2016 de la frontera común.
“Es para dar respuesta a la dinámica de una frontera viva que afecta de lado y lado a al menos cinco millones de habitantes. Pensamos que un enviado especial para el conflicto fronterizo podría encaminar soluciones concretas”, comenta San Miguel, abogada, a la Voz de América.
Los objetivos de un enviado especial para los límites entre Venezuela y Colombia serían, en primera instancia, la apertura de mecanismos de diálogo para lograr “un mínimo de entendimiento” entre Caracas y Bogotá, estima.
También, colaboraría con la resolución de las complicaciones para que la población fronteriza realice diligencias mínimas de identidad ante un consulado, el monitoreo de la protección de los derechos humanos, y la vigilancia de los pasos migratorios entre ambas naciones, estima.