Gracias a un proceso de negociación con la empresa británica Vestey, la legítima Procuraduría General de la República evitó que Venezuela se embarcara en un proceso de litigio imposible de ganar.
Según lo explicado por el despacho del procurador especial, José Ignacio Hernández, el acuerdo extrajudicial permitió que el país se ahorrara los gastos correspondientes al pago de abogados y a los costes procesales.
Gracias al convenio, Venezuela también tiene la posibilidad de reestructurar y consensuar el pago de la deuda que adquirió con la compañía ganadera, por la confiscación, en 2005, de 14 hatos que se encontraban en suelo venezolano y que eran operados por su filial Agropecuaria Flora (Agroflora).
Aunque la toma de los activos de Vestey ocurrió durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, es el Estado venezolano, regido por el presidente encargado Juan Guaidó, quien debe honrar las obligaciones.
En consecuencia – y luego de que cese la usurpación madurista – Venezuela tendrá que cancelar 98.145.325 dólares, además de cinco millones de dólares por concepto de intereses.
La primera de esas cifras fue fijada en abril de 2016 y ratificada en abril de 2019 por un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). La segunda, entretanto, se acordó mediante conversaciones entre representantes de la legítima Procuraduría General y emisarios de la empresa con sede en Reino Unido.