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SIP rechaza vigilancia oficial en contra de la prensa salvadoreña

 

Cualquier tipo de monitoreo oficial o vigilancia es una afrenta directa a estándares de libertad de expresión y a la democracia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de «acusaciones dictatoriales» las advertencias que profirió el ministro de Seguridad de El Salvador en contra de la prensa, al tiempo que rechazó «cualquier tipo de monitoreo oficial o vigilancia en contra de medios de comunicación y periodistas».

En una entrevista radial este martes, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó que el gobierno está dando seguimiento y monitoreando «constantemente» a muchos periodistas que «tienen una clara intención de generar apología del delito».

El ministro dijo que «vivimos en una libertad de expresión, pero todo tiene su límite». Se refirió además a la «morbosidad en la manipulación de la información», acusando a los medios de generar apología del delito, mientras que calificó a los periodistas de ser «profetas de calamidades».

Villatoro reaccionó a reportes de prensa sobre denuncias del sindicato de trabajadores del Instituto de Medicina Legal respecto de la manipulación de las autopsias realizadas a cadáveres hallados en una fosa clandestina. Luego de que sus declaraciones generaran polémica, Villatoro negó por Twitter que el gobierno persiga a periodistas.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo: «Rechazamos este tipo de acusaciones dictatoriales a las que nos tienen acostumbrados algunos funcionarios cuando los medios y periodistas informan sobre cuestiones de interés público que les incomodan». Recordó, asimismo, que el informe sobre El Salvador, presentado en la reunión semestral de la SIP en abril, enfatizó que «la libertad de expresión y de prensa experimenta el más grave deterioro de la posguerra, con un gobierno que presiona, amenaza y expresa abiertamente desprecio hacia los medios y periodistas independientes e instituciones».

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que «cualquier tipo de monitoreo oficial o vigilancia en contra de medios de comunicación y periodistas es una afrenta directa a estándares de libertad de expresión y a la democracia misma». Agregó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos veda la censura previa, que supone el control y veto de la información antes de que esta sea difundida, y se interpreta que cualquier eventual abuso de la libertad de expresión no debe ser nunca objeto de medidas de control preventivo, sino de responsabilidades ulteriores. Además, todo comunicador tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, lo que con estas advertencias estaría siendo claramente cuestionado.

Canahuati, CEO de Grupo Opsa de Honduras, y Jornet, director del periódico La Voz del Interior, de Argentina, llamaron al gobierno de El Salvador a «deponer cualquiera herramienta con la que se esté intentando vigilar a la prensa».

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.