El Tribunal Supremo español comenzó a estudiar este martes una demanda de Greenpeace y otras ONG ecologistas contra el gobierno al que acusan de no hacer lo suficiente frente al cambio climático, informaron la corte y las organizaciones.
Una portavoz del Supremo confirmó que este martes comenzaron las deliberaciones en torno a la demanda interpuesta en septiembre de 2020 por Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam, que denuncian «la inactividad climática del gobierno» para cumplir con los compromisos internacionales frente el cambio climático.
Esta iniciativa se inscribe dentro de una serie de acciones legales emprendidas por organizaciones ambientalistas en varios países europeos, como Francia, Alemania y Países Bajos.
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En Francia, la justicia condenó en 2021 al Estado francés por sus deficiencias en la lucha contra el calentamiento global y en Países Bajos el gobierno fue obligado en 2018 a reducir las emisiones de efecto invernadero.
La demanda ante el Supremo es el «primer litigio climático contra el Estado de la historia de España», afirmó Greenpeace en un comunicado.
La denuncia busca que el alto tribunal se posicione ante la «emergencia climática», «siga la tendencia de otras Cortes Supremas europeas y obligue al Estado y al conjunto de las administraciones a cumplir con sus compromisos internacionales», según el comunicado.
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En concreto, las ONG quieren que la justicia inste al gobierno a aumentar su objetivo actual de reducir las emisiones para cumplir con el Acuerdo de París de 2015 y «no sobrepasar el 1,5 ºC de calentamiento de la temperatura media del planeta».
«Una sentencia estimatoria (…) será no sólo un éxito en la lucha judicial contra el cambio climático, sino que también sentará un enorme hito en el derecho español con respecto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguarda del patrimonio natural y la calidad ambiental», estimó el abogado de las ONG, Jaime Doreste, citado en el comunicado.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez, que declaró una «emergencia climática», logró aprobar una ley en 2021 para impulsar la transición ecológica y alcanzar la neutralidad en carbono para 2050.
De esta manera, el gobierno considera que el país cumplirá con el objetivo fijado por la Unión Europea de conseguir una huella de carbono cero antes de 2050.
Pero Greenpeace y otras asociaciones ecologistas consideran que la ley es insuficiente para cumplir con el Acuerdo de París.
AFP