En la última década el flagelo de la corrupción se extendió en América Latina a niveles prácticamente sin precedentes. Luego de masivas expresiones populares de rechazo en varios países, comenzó a convertirse en uno de los temas prioritarios en la agenda de la región. Durante el año pasado (2021), la lucha contra la corrupción presentó un panorama heterogéneo, según el último Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC).
Venezuela se mantiene como el país con peores índices en esta lucha. El informe sostiene que “la independencia judicial recibió un golpe con el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia en abril”, maniobra que utilizó el régimen de Nicolás Maduro para ubicar a Gladys Gutiérrez como presidente del Tribunal Supremo de Justicia chavista.
Bolivia también acompaña a Venezuela en esta categoría. El Índice advirtió sobre retrasos en la implementación de las reformas judiciales recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recordó, además, las denuncias de la comunidad internacional sobre la politización en el seno del sistema judicial, en particular en la causa de la ex presidenta Jeanine Áñez, condenada a diez años de prisión.
Por el contrario y por tercer año consecutivo, Uruguay fue el país con mejor rendimiento en el Índice, seguido por Costa Rica y Chile, que lograron sostenerse entre los tres primeros lugares como lo han hecho desde el año 2020. Mientras que Guatemala, Argentina, Brasil y México, registraron retrocesos en sus índices para combatir la corrupción.
El informe, publicado conjuntamente por Control Risks y la Americas Society/Council of the Americas (que publica AQ), evalúa y clasifica a 15 países de América Latina en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El estudio se lleva a cabo utilizando datos disponibles públicamente, y realizando una encuesta propia en la que se pide a expertos de la región que evalúen una serie de factores, como la independencia de los tribunales, la solidez de las instituciones democráticas y la libertad de los periodistas de investigación.
Con información de INFOBAE