La emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela podría dificultar el acceso a vacunas contra la Covid-19. Algunos expertos proyectan que será en 2023 cuando el país adquiera las dosis necesarias como para lograr la tan ansiada “inmunidad de rebaño”.
Esa estimación sitúa a la República Bolivariana a la altura de países como la comunista Corea del Norte o al nivel de Birmania, una nación en la que los militares acaban de deponer a las autoridades civiles, democráticamente electas.
Desde la dictadura que encabeza Nicolás Maduro han dicho que la dificultad tiene su raíz en lo que han decidido calificar como el “bloqueo económico criminal”.
Al emplear esa frase, los voceros del régimen se refieren a sanciones que para nada afectan la compra e importación de insumos médicos, pero que sí impiden a la tiranía hacer uso de los fondos que pertenecen al Estado.
Las sanciones, algunas de carácter individual y otras de índole colectivo, han sido impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), pero también por países que desean castigar el autoritarismo, la corrupción y la violación de derechos humanos en las que incurre la tiranía.
Para sus críticos, Maduro se vale de las penalidades y las emplea como excusa para justificar el fracaso de su modelo económico, pero también para jugar el papel de víctima. La intención sería la de conseguir una flexibilización de parte de la recién posesionada administración Biden.
Del otro lado de las sanciones se encuentra una oposición, cuyo líder legítimo y más visible es el presidente encargado y titular de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. Aunque el mandatario interino es reconocido por más de medio centenar de países, su rango de acción es, en resumidas cuentas, reducido.
A lo interno, Guaidó es víctima de un secuestro institucional que limita y dificulta la ejecución de sus decisiones. Por otra parte, muchas cuentas y activos de la República se encuentran confiscados o bloqueados, por lo que sólo pueden ser usados con autorización expresa de los países que temporalmente los detentan, previo cumplimiento de distintos protocolos.
El escenario, sumado a la falta de acuerdos entre los actores, deja a Venezuela cada vez más minusválida y con menos tiempo para adquirir inoculantes contra el nuevo coronavirus.
El mes pasado, las deudas de la nación la dejaron fuera del mecanismo COVAX, la iniciativa creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para repartir 2.000 millones de dosis de vacunas anti SARS-CoV-2.
Pese a ello, durante este martes, Paolo Baladelli, jefe de la OMS en la República Bolivariana, informó que el país aún podía hacerse con 2.4 millones de inmunizantes, si se adhería al programa este mismo 9 de febrero.
Sin embargo, los contactos entre Miraflores y la legítima AN están tan empantanados que Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), terminó afirmando que, pese a que las “discusiones (son) frenéticas”, la vacunación de la población venezolana “no es posible todavía”.