“Las víctimas hablan” fue el nombre del foro que desnudó el cuerpo de la represión en Venezuela. El evento, organizado por las embajadas en Estados Unidos y en la Organización de Estados Americanos (OEA), sirvió de confesionario para aquellos que padecieron (o padecen) los embates de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro.
Durante la actividad, desarrollada de manera telemática, Renzo Prieto, diputado a la legítima Asamblea Nacional (AN), relató su experiencia como preso político del régimen usurpador. El parlamentario, encarcelado en 2014 y en 2020, aseguró que conoce, de cerca, el horror que se vive dentro de los calabozos que ha creado el madurismo para privar de libertad a todo aquel que le lleve la contraria.
“Son más de cuatro años y medio los que he pasado en prisión”, dijo Prieto, quien obtuvo su libertad en virtud de una medida de gracia, otorgada por la dictadura en julio de este año. Durante su cautiverio, el asambleísta permaneció en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES – PNB).
De acuerdo con su testimonio, “la maldad y la crueldad reinan en cada una de esas sedes”. “Me encontraba en un calabozo de máximo cinco metros cuadrados (…) me encontraba sin luz, no podía salir”, aseguró el legislador, quien fue apresado, a pesar de la inmunidad de la que goza por formar parte de la AN.
Según Rezo Prieto, sus captores no le permitían dirigirse al baño y debido a ello, tanto él como sus compañeros de reclusión, “teníamos que hacer nuestras necesidades allí y convivir con ellas, en el calabozo”.
Al hablar sobre su historia, el diputado denunció torturas como golpes con objetos contundentes y la aplicación de electricidad en genitales y otras zonas del cuerpo. También aseguró que funcionarios de la narcotiranía asfixian a sus víctimas, aplicándoles insecticida en la cara o introduciendo sus cabezas en el interior de bolsas de plástico.
“En 72 horas se le violaron todos sus derechos”
Tres días fueron suficientes para que la dictadura de Nicolás Maduro despojara, de todos sus derechos, al concejal del Municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán. La afirmación la hizo Meudy Osio, viuda del líder opositor, quien también hizo parte del foro virtual.
Albán murió en octubre de 2018, mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Sebin. La versión del régimen indica que el líder, miembro del partido opositor Primero Justicia, se suicidó al lanzarse desde el décimo piso de las oficinas del Servicio Bolivariano en Plaza Venezuela, al centro de la capital venezolana. Sin embargo, familiares, amigos, copartidarios y autoridades como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, han asegurado que el dirigente fue tirado al vacío, después de haber sido ahogado de forma artificial y lacerado con objetos punzo cortantes.
“Detención arbitraria, desaparición forzada, tortura (…) y también muerte en custodia, bajo la responsabilidad de los organismos del Estado” son las irregularidades que, según Osio, se cometieron antes y durante el arresto de su fallecido esposo.
El caso del concejal fue conocido y estudiado, minuciosamente, por la Misión Internacional Independiente para la Verificación de Hechos en Venezuela. Esa comisión, que fue creada por la Organización de Naciones Unidas, determinó que los cuerpos de seguridad leales a Nicolás Maduro cometen crímenes de lesa humanidad y que tales prácticas forman parte de una política de Estado que persigue acallar y acabar con los adversarios del régimen.
“Pedimos justicia y reparación a las víctimas”
Mientras algunos han sido liberados y otros vilmente asesinados, en los calabozos creados por Nicolás Maduro aún permanecen 330 prisioneros de conciencia. Uno de ellos es Luis De La Sotta, capitán de navío que se encuentra privado de libertad, dentro de las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
De acuerdo con Molly De La Sotta, su hermana, el oficial de la Armada forma parte de las decenas de efectivos castrenses que han sido encarcelados y vejados, por su aparente vinculación con operaciones gestadas para deponer a la tiranía. “Mi hermano y los 37 militares mencionados en este informe (de la ONU) permanecen detenidos en celdas, en sótanos insalubres”, comentó la mujer, quien también participó en la actividad de este jueves.
De La Sotta, presidente de la ONG Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM), precisó que su hermano fue detenido en 2018, “en su lugar de trabajo”: la base naval de Turiamo, ubicada en las costas del estado Aragua, al centro de la geografía venezolana. En aquel lugar, el capitán de navío fue entregado a funcionarios de la Dgcim que le esposaron con tal fuerza que provocaron roturas en sus muñecas.
En sus declaraciones, la abogado denunció que su familiar y que el resto de compañeros que, como él, se encuentran cautivos, han sido suspendidos en el aire, mientras permanecen con sus manos atadas a la espalda. También se les ha violado con el empleo de fusiles o de estacas. Muchos sufren de “insuficiencia renal, sarna, dermatitis”; mientras que algunos otros son víctimas de “depresiones con tendencia al suicidio”.
Por tales razones, Molly de la Sotta exigió “justicia y reparación a las víctimas”. También pidió la intervención de una comunidad internacional que, a su juicio, no puede ni debe permanecer impasible pues, en Venezuela, “nada ha impedido que (a los presos de conciencia) se le sigan violando sus derechos humanos”.