La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este jueves que su oficina ha registrado alrededor de 66 ataques en contra de organizaciones no gubernamentales, defensores de DDHH, periodistas y opositores al régimen de Nicolás Maduro durante los últimos seis meses así como reportes de ejecuciones extrajudiciales.
“A principios de enero al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega», informó Bachelet al ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y pidió que se realicen investigaciones rápidas para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esa práctica bajo el contexto de «operaciones de seguridad».
Asimismo, manifestó preocupación por los ataque perpetrados contra las ONG, defensores de DDHH, periodistas y opositores venezolanos. “Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde Septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares“, informó.
La ex presidenta de Chile advirtió que “esto no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales”.
Bachelet enfatizó que en el contexto actual de Venezuela “la asistencia humanitaria es aún más esencial“, por lo cual consideró preocupantes “las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos” y pidió que se reanuden los proyectos suspendidos.
Además, se refirió a los recientes ataques en contra de medios independientes. “Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones”, denunció.