La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continuará investigando al régimen de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que posibilitaría que se establezcan responsabilidades “específicas” e «individuales» de los hechos, señalaron expertos en derechos humanos.
El martes, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación, argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos” que puedan constituir crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía de la CPI anunció en 2021 que abriría la investigación. El dictador Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento, pero a finales del año pasado, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para continuarla.
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Reanudar las investigaciones también implica que las víctimas de nuevos casos puedan mandar información a la CPI, señaló Ali Daniels, profesor de derecho internacional humanitario y codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en Venezuela.
“La fiscalía puede procesar esos nuevos casos y puede recabar información y pruebas. En el futuro, la fiscalía podrá presentar casos concretos con nombre y apellido de posibles perpetradores”, detalló a la Voz de América.
Además, Daniels subraya la importancia de la decisión debido a que «ya no son las ONG las que dicen que en Venezuela no hay justicia, sino la Sala de Cuestiones Preliminares».
Alfredo Romero, director y presidente del Foro Penal, una ONG que brinda asistencia a detenidos de manera arbitraria y sus familiares, dijo que la decisión se traduce en una “victoria” para las víctimas.
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Si bien se trata de un proceso para el que no hay un tiempo establecido, en lo adelante se comienza “formalmente a colectar evidencia y testimonios” para que se lleve a cabo un proceso judicial en el que se determinen responsabilidades específicas, apuntó Romero.
Fernando Fernández, profesor de derecho penal internacional y DDHH, dijo que las partes citadas como investigados tendrán “todos los derechos de que sus casos sean revisados exhaustivamente”, lo que toma tiempo.
“Son casos complejos y sumamente difíciles donde existe una cantidad de garantías y derechos que están en el Estatuto. Mucha gente cree que esto es inmediato. Siempre lo planteamos en términos de que son carreras de mucha intensidad y de largo aliento”, comentó a VOA.
Calixto Ávila, abogado especialista en DDHH de Provea, una de las ONG defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, resaltó que la decisión de continuar la investigación se produjo en un lapso de tiempo “bastante reducido” en comparación con los dos precedentes.
En el caso de Afganistán y Filipinas, ambos actualmente en fase de investigación, la decisión de los jueces ocurrió, respectivamente, seis y cuatro meses después de la presentación del informe de las víctimas. En el caso de Venezuela, solo pasaron poco menos de dos meses.
Daniels precisa que el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares se haya pronunciado más rápido en comparación con los otros se debe a que el caso venezolano es «más contundente».
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En el caso venezolano, unas 8.900 víctimas acudieron a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de la CPI, para exponer testimonios, opiniones y preocupaciones, mientras que en el de Filipinas, por ejemplo, fueron unas 300.
El régimen venezolano cuestionó el mismo martes la decisión de la Sala de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que “recurrirá de esta decisión” ante la Sala de Apelaciones.
“Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para alentar y construir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional”, resalta un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ávila sostiene que el Estado venezolano puede apelar la decisión, pero considera que las facultades investigativas del fiscal “no serían suspendidas, de acuerdo a la jurisprudencia de la CPI en la situación de Filipinas”.
El gobierno filipino apeló y pidió la suspensión de una sentencia como la de la CPI en el caso Venezuela, pero la Corte negó el pedido.
«Si en aquél caso dijeron que no, en el nuestro que es más contundente debería ser también que no», estima Daniels.
En 2021, cuando la fiscalía de la CPI anunció que abriría una investigación formal a Venezuela, firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
La dictadura venezolano ha cuestionado la investigación argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer» las responsabilidades.
Voz de América