La muy conservadora Corte Suprema de Estados Unidos examina este lunes un dosier medioambiental que puede complicar la lucha del gobierno de Joe Biden contra el calentamiento global.
La vista judicial se centrará en la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales de carbón, que producen casi el 20% de la electricidad en Estados Unidos.
«Es el caso más importante relacionado con el cambio climático en 15 años y la composición de la Corte ha cambiado radicalmente» durante este tiempo, explicó a la AFP Richard Lazarus, profesor de derecho ambiental en la Universidad de Harvard.
En 2007, la Corte Suprema decidió, por estrecha mayoría, que la EPA era competente para regular las emisiones de gases que provocan el calentamiento global, del mismo modo que una ley de los años 1960 le encargó limitar la contaminación de los aire.
Pero durante su mandato, el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), un escéptico climático hostil a cualquier medida vinculante para la industria, hizo entrar a tres magistrados en la corte, blindando así su mayoría conservadora, de seis sobre nueve.
«Como es el tribunal más conservador en décadas, los representantes de la industria de los combustibles fósiles le piden que tome toda una serie de medidas extremas para limitar la autoridad de la EPA», detalló Robert Percival, profesor de derecho ambiental de la Universidad de Maryland.
– «Regalo de Navidad» –
Concretamente el caso se remonta a hace años. En 2015 el expresidente Barack Obama adoptó un plan para reducir las emisiones de CO2. Este «Plan de Energía Limpia» (Clean Power Plan), que debía aplicar la EPA, fue bloqueado antes de entrar en vigor.
En 2019, Donald Trump publicó su propia «regla para una energía limpia asequible», que limita el alcance de la EPA y no le permite remodelar toda la red.
Una corte federal invalidó esta versión, por lo que varios estados conservadores y la industria del carbón pidieron a la Corte Suprema que interviniera y aclarara los poderes de la EPA.
Aceptando el caso la corte envió una señal favorable a los detractores de esta agencia y, en general, a todos aquellos que se oponen a un Estado central fuerte. «Fue un regalo de Navidad para todas las industrias que están sujetas a regulación», estima Robert Percival.
En los alegatos enviados por adelantado, Virginia Occidental, que presenta la demanda, acusó a la EPA de comportarse como «la autoridad central de planificación energética». Esto «priva a los estados de su autoridad tradicional sin una señal clara de aprobación del Congreso», planteió.
«No importa lo grave que sea el problema”, una agencia federal no puede dictar normas sin la autorización del Congreso, añadió.
– «Resentimiento» –
Para Richard Lazarus, «hay buenas razones» para pensar que la Corte seguirá este razonamiento y dirá «que el Congreso no tiene derecho de delegar su potestad regulatoria (…) a no ser que se haga utilizando un lenguaje muy preciso».
Si la corte les da la razón quedaría «amenazada la capacidad del gobierno de responder a los problemas más apremiantes, no solo el calentamiento global», precisó. Y es que los demócratas tienen una mayoría mínima en el Congreso, donde recientemente un enorme proyecto de gasto social y ambiental liderado por Joe Biden no salió adelante.
Para evitar este escenario, varios defensores del medio ambiente han escrito a la Corte en apoyo a la Agencia de Protección Ambiental.
«Sin esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero, las temperaturas podrían aumentar hasta 5,6 grados con impactos irreversibles durante miles de años», le recordaron los científicos del clima. «Sigue siendo posible» minimizar este impacto, pero esto «requiere coordinación a nivel federal».
Los congresistas del ala más de izquierda demócrata, incluido el veterano senador Bernie Sanders, han sido más ofensivos. Para ellos, los avances logrados en el siglo XX en términos de mayor esperanza de vida o productividad fueron posibles gracias a las agencias administrativas que «frenaron los excesos de la industria».
Este caso «es producto del resentimiento» de la industria y lo llevan adelante grupos de presión adinerados, alegaron, pidiendo a la Corte que no les de la razón porque es una demanda «abiertamente política».
AFP