Estados Unidos apoya a la presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, en su intención de crear una comisión anticorrupción con la participación de la ONU, indicó el jueves el Departamento de Estado estadounidense.
«Las acciones anticorrupción de EEUU están destinadas a apoyar los valientes esfuerzos de muchos hondureños para combatir la corrupción, incluido el plan declarado por la presidenta Castro para una comisión anticorrupción con apoyo internacional», declaró la subsecretaria adjunta de Estado Emily Mendrala, desde Tegucigalpa.
La subsecretaria adjunta para asuntos del Hemisferio Occidental realiza en Honduras un seguimiento a la visita que hizo la vicepresidenta Kamala Harris durante la toma de posesión de Castro el 27 de enero.
El canciller hondureño, Mario Enrique Reina, anunció que el gobierno gestiona ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción: una promesa de campaña de Castro.
«Esta semana anunciamos la inclusión del expresidente Juan Orlando Hernández en nuestra lista de actores corruptos y antidemocráticos (…), que generalmente hace que las personas incluidas no sean elegibles para visas», recordó Mendrala.
Hernández, quien dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido señalado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado «Tony» Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito.
En enero de 2020 cerró operaciones la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada cuatro años antes con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Aquella misión fue aprobada por Hernández para acallar protestas de miles de «indignados» que, con antorchas, pedían su renuncia, luego de que admitiera que ingresó a su campaña de reelección parte de unos 330 millones de dólares desviados del Seguro Social.
Durante cuatro años, la misión, en conjunto con la fiscalía, procesó a 133 personas, entre las que estaban reconocidos funcionarios e influyentes diputados.
Los diputados aprobaron leyes para bloquear el trabajo de la misión y finalmente Hernández y el Congreso rechazaron la renovación del convenio con la OEA.
AFP.