Una jueza federal, luego de una batalla legal entre autoridades migratorias y una corporación penitenciaria en contra del estado de California, ratificó la más reciente ley estatal que eliminará centros privados de detención de inmigrantes.
La decisión se tomó, tras una batalla legal entre la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y una corporación penitenciaria de California.
La jueza dictaminó que la ley, la AB32, es constitucional, dice la Voz de América.
Grisel Ruiz, abogada de la organización Immigrant Legal Resource Center fue la que logró la victoria legal, celebrada por defensores inmigrantes en California.
También formó parte de una coalición de defensores de inmigrantes que impulsó la ley, aprobada en el 2019.
“Eso significa que la AB32 sigue siendo la ley y que algún día estos centros de detención van a cerrar”, dijo la abogada, quien agregó que “es muy importante hacer una ley de este tipo en California, porque lo que hace California puede influenciar a otros estados también”, explicó la jueza
Por su parte, la abogada Jaclyn González consideró que la ley es necesaria. Esto después de haber visto el abuso no sólo de inmigrantes sino de las personas en cárceles.
«El propósito de los legisladores en California, que han visto el abuso no sólo de inmigrantes, pero de personas en cárceles también en nuestro estado por parte de estas corporaciones, viene de un deseo de proteger ese bienestar, salud y vida. Y la Corte, pues, dijo que estamos firmemente en nuestro derecho de hacer eso”, expresó la abogada.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), explican que no construye ni opera sus propias instalaciones y depende de empresas privadas para alojar a inmigrantes detenidos alrededor del país.
Asimismo, esta ley intentaron bloquearla por parte de la agencia de control migratorio y uno de sus contratistas, pero la jueza desestimó sus demandas y reafirmó que cinco centros privados de detención de inmigrantes deberán ser eliminados para el 2028.
Su fallo excluye instalaciones carcelarias usadas por la agencia federal de alguaciles, dice la VOA.
Ante el fallo, un portavoz de ICE señaló que no se harían comentarios sobre la legislación pendiente y que las leyes estatales destinadas a obstruir la aplicación de la ley federal son inapropiadas y perjudiciales.