Ante el incremento en el número de migrantes que llegan a Estados Unidos por la frontera sur, el Departamento de Defensa anunció el miércoles que destinará algunas de sus instalaciones militares a dar cobijo a menores no acompañados que entraron al país de manera irregular.
La operación se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y servirá para «acoger temporalmente» a estos jóvenes en las bases militares de San Antoio-Lackland y Fort Bliss, ambas en el estado de Texas, según detalló el portavoz del Pentágono, John Kirby, en un comunicado.
«El Departamento de Defensa dará a los funcionarios del HHS acceso a estas ubicaciones de manera inmediata para que comiencen las acciones iniciales para preparar la llegada de niños migrantes no acompañados tan pronto acaben los preparativos», agrega el despacho.
El HHS mantendrá la custodia y la responsabilidad del bienestar y el apoyo a estos niños mientras permanezcan en estas instalaciones»
John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa
La cartera de Defensa aseguró que será el HHS el que corra con los gastos de la operación y que «no afectará negativamente» a la preparación de las Fuerzas Armadas. «El HHS mantendrá la custodia y la responsabilidad del bienestar y el apoyo a estos niños mientras permanezcan en estas instalaciones».
A pesar de que el Gobierno de Estados Unidos viene insistiendo en que la frontera no está abierta, en las últimas semanas se ha registrado un notable repunte en la llegada de migrantes irregulares al país, especialmente menores de edad, algo que la oposición republicana atribuye a las medidas adoptadas por la Administración Biden.
La Casa Blanca, por su parte, se ha defendido asegurando que esas medidas obedecían a que era necesario adoptar un trato más humano y acabar con las contraproducentes políticas inmigratorias de la Administración Trump.
Se da la circunstancia de que el expresidente Donald Trump fue muy criticado por recurrir a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo su política migratoria en la frontera con México, llegando incluso a declarar el estado de emergencia, una medida que fue revocada por Biden a las pocas semanas de asumir el Gobierno.
En febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a más de 100.000 personas en la frontera, un incremento del 28% en comparación con enero. De ellas, 19.246 eran unidades familiares y casi 9.500 menores no acompañados, según datos del CBP.
No obstante, el 72% de todas las personas que llegaron a la frontera el mes pasado fue enviado de vuelta a México, según datos del centro de estudios de políticas American Immigration Council.
Pese a la gran mayoría de migrantes que llegan al país son expulsados en base al Título 42 que mantiene la frontera con México cerrada debido al coronavirus, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha reconocido que en el caso de los menores se les permite quedarse para no obligarles a tener que emprender el «peligroso» camino de vuelta. Además, la vocera niega que la llegada de niños represente una crisis para el país.
Sin embargo, esta postura, unida a las restricciones propias de la pandemia y a un sistema migratorio «desmantelado», según el propio Biden, han provocado que las autoridades no cuenten con instalaciones para dar cobijo a los pequeños, lo que ha llevado a la reapertura de centros de detención y, ahora, al uso de instalaciones militares.